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Sistema anticorrupción: reto de la década

20/05/2015
03:46
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La corrupción ha alcanzado y rebasado en la mayoría de las encuestas a la inseguridad como uno de los principales problemas de México en opinión de los ciudadanos. El panorama no es halagador. Las campañas electorales rumbo al 7 de junio han girado en torno a la corrupción como una mancha que salpica a todos los partidos y a todos los políticos.

Tenemos frente a nosotros un reto mayúsculo: erradicar las prácticas que debilitan el funcionamiento de la sociedad en su conjunto y, en especial, de nuestras instituciones de gobierno.

Ante este desafío, no podemos permitir la apatía y el cinismo, tampoco decir que nada podrá hacerse y menos aún, que la corrupción es un “problema cultural” y, por lo tanto, requiere un cambio radical en la mentalidad de la sociedad, algo que podría tardar generaciones. La historia nos ha enseñado, a un alto costo, que si queremos que México cambie, tenemos que cambiarlo nosotros. Tenemos que cambiar nosotros mismos.

Por eso, la otra salida ante este reto está en transformar reglas e instituciones. En ese espíritu es que el Poder Legislativo ha aprobado una reforma fundamental, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El sistema tiene tres virtudes que me parece pertinente destacar:

Ataca la corrupción en todos los órdenes y poderes de gobierno. La reforma ha creado un sistema de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos. En particular, creo que es muy positivo que se establezcan mecanismos de coordinación con los gobiernos locales, porque ahí es donde hay que fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ya que tienen a su cargo los servicios y programas más cercanos a los ciudadanos.

Crea una instancia judicial independiente con amplias capacidades de sanción. El Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer castigos a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine graves. Y algo muy importante: también podrá sancionar a los particulares que participen en actos vinculados con las responsabilidades administrativas graves. Dado que muchos escándalos de corrupción están vinculados con procesos poco transparentes de licitación de obras públicas construidas por particulares, creo que este aspecto de la reforma tiene potencial para poner la lupa donde más se necesita.

Fortalece a la Auditoría Superior de la Federación. Muchas organizaciones de la sociedad civil habían insistido en la necesidad de robustecer a este órgano a fin de darle “más dientes” para prevenir, investigar, castigar y disuadir actos de corrupción. En ese sentido, la ASF deja de ser un conductor que va por el camino mirando el espejo retrovisor, y se convierte en uno que mira hacia adelante, esto por la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad de la función de fiscalización y por la nueva facultad de iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

Sin duda, son muchos los retos que México enfrenta para construir instituciones a la altura de las exigencias de la sociedad. El Sistema Nacional Anticorrupción es una respuesta a esos desafíos. Sin caer en triunfalismos, creo que hay que poner en su justa dimensión la importancia de esta reforma, porque abre puertas a una salida al laberinto de arbitrariedad y abuso que ha tenido atrapada a nuestra democracia.

Sé que el lector se preguntará: ¿ahora qué sigue?, ¿qué puede hacer el ciudadano para que esto no se quede en letra muerta? Me parece que la primera responsabilidad de cualquier ciudadano indignado con la corrupción es exigir transparencia y rendición de cuentas a sus gobernantes.

Diputado federal por el PAN.
@jglezmorfin

José González Morfín
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1973.