Fiscalía electoral: ¿autonomía o complicidad?

El nombramiento de Alberto Begné en sustitución de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito lleva a formular algunas dudas. No tanto en relación al propio Begné, quien al parecer tiene la preparación adecuada para el cargo, y quien fue dirigente del Partido Alternativa Social Demócrata, si bien con un desempeño que contribuyó a dar al traste con esa promisoria opción política. Ese no es el punto. La pregunta es, ¿por qué Escobar no fue restituido en su cargo, si formalmente su salida respondió de manera exclusiva a las acusaciones que le imputó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sobre su participación en sendos delitos electorales durante 2015? Si el juez respectivo no encontró pruebas suficientes para procesarlo, sino que lo exoneró de toda acusación, ¿por qué no regresó a su cargo, como tendría que ocurrir en estricta lógica?

Eso lleva a pensar que la salida de Escobar no tuvo esencialmente que ver con la denuncia hecha por la FEPADE, sino que había razones políticas para ello, por parte del gobierno. Al parecer —y según aclaró Escobar en su momento—, su nombramiento fue un premio por la enorme ayuda que brindó el PVEM al PRI para alcanzar la mayoría absoluta en la renovada Cámara Baja. Pero la trayectoria política de Escobar, y su pésima imagen pública, le generó al gobierno costos políticos no sólo por la mala prensa del vocero del Verde, sino que múltiples organizaciones cívicas que venían trabajando muy bien con Roberto Campa se negaron a seguir haciéndolo con un personaje como Escobar. Pero el compromiso del gobierno con el Verde hacía problemático simplemente comunicarle a Escobar que “dice mi mamá (la sociedad civil) que siempre no”. ¿Cómo deshacerse de Escobar sin generar una confrontación directa con el Verde, que seguirá siendo pieza clave en los comicios de este año y, desde luego, en el 2018? Un dilema para el gobierno difícil de resolver.

Pues he aquí que la acusación de la FEPADE contra Escobar le vino de perlas al gobierno, pues le dio el estupendo pretexto para solicitar a Escobar que pidiera licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones debidamente. Lo hizo, fue exonerado, la FEPADE ya no insistió en el caso... y Escobar no regresó, pese a que formalmente ya nada impedía retomar su cargo. Si no regresó, es por razones políticas del propio gobierno, no por las razones legales esgrimidas por la FEPADE. Feliz coincidencia del timing de la acusación de la FEPADE contra Escobar con la necesidad del gobierno de deshacerse de él, sin que el Verde pudiera imputarle la responsabilidad al propio gobierno. ¿Afortunada coincidencia o coordinación pactada? Esa es la incógnita. Al conocerse la denuncia de la FEPADE contra un funcionario tan alto como Escobar, muchos celebraron la nueva autonomía que la FEPADE jamás había mostrado (siendo parte del Ejecutivo Federal, a través de la PGR). Quizá era la expresión de su mayor autonomía institucional recién adquirida.

Pero ahora, dado el desenlace del capítulo cabe preguntar, ¿la FEPADE actuó en realidad con autonomía? Así parecía, dados los ataques a su titular por parte no sólo del Verde, sino también del PRI. Pero ahora más parece una acción concertada con la PGR para que la Fiscalía le sacara al gobierno de Peña las castañas del fuego con Escobar. Los ataques de los priístas contra el fiscal bien pudieron haber sido parte de la simulación para convencer al Verde de que el gobierno nada tuvo que ver con la denuncia a Escobar. Pero en perspectiva, las cosas salieron a pedir de boca al gobierno. De ser así, la estrenada autonomía de la FEPADE habría sido una simulación, y en realidad habría actuado bajo consigna proveniente del gobierno (quizá Gobernación misma), a través de la PGR (que hemos visto cómo protege intereses y amigos del gobierno en turno, incluso allende nuestras fronteras). Nueva decepción sobre nuestra maltrecha democracia.

Profesor del CIDE