Democracia por los derechos económicos y sociales

Las recientes elecciones en el Estado de México expresan un grito para la democratización del país, los resultados manifiestan que el próximo gobierno de la entidad con mayor población en México, representa sólo al 15% de los electores. Las distintas acciones fraudulentas del gobierno federal y estatal, con la tolerancia del Instituto Nacional Electoral –denunciadas por la oposición– no fue suficiente para ocultar el hartazgo a las políticas económicas y sociales que han beneficiado a una minoría, por el contrario, el 70% de los votantes rechazó a los gobiernos del PRI, que han profundizado la desigualdad, la violencia y la corrupción oficial. El abstencionismo se puede explicar porque la población mayoritariamente trabajadora no vio reflejadas sus demandas y aspiraciones en las distintas opciones electorales: trabajo digno y mejoramiento salarial, seguridad social y respeto a la organización democrática e independiente.

La amenaza a las jubilaciones y a la seguridad social se manifestó justo en la coyuntura electoral, efectivamente el 25 de abril, la Secretaría de Hacienda anunció una iniciativa para transferir los fondos de vivienda al pago de pensiones, conculcando el derecho a la vivienda con la transferencia de más de 1.5 billones de pesos al negocio de las afores, propuesta ya rechazada en el sexenio de Calderón. Los cambios que ha sufrido la seguridad social y particularmente el régimen de jubilaciones y pensiones, se han realizado a espaldas de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, y se ha privilegiado el interés del sector financiero.

A 20 años de la reforma en al IMSS, los resultados son desastrosos para el país, y totalmente ajenos a los objetivos que se anunciaron; se prometió que con el ahorro interno se reactivaría la economía nacional, generando empleo y mejores salarios, se fortalecería la seguridad social y las fianzas públicas. Por el contrario, la economía continúa en declive y se incumple con el pago de jubilaciones. La banca Internacional, con cerca de 3 billones en AFORES, ha sido la única beneficiada. Las jugosas comisiones, las ganancias por los intereses que cobran las afores por los bonos de deuda al estado y la especulación, contrastan con la pérdida recurrente —minusvalías— que anualmente sufren los fondos de los trabajadores desde el 2008. Todo esto con la complicidad de los líderes sindicales —charros—, que han traicionado los intereses de la clase trabajadora. Por lo tanto es urgente hacer la revisión del régimen de jubilaciones con los trabajadores y el conjunto de la sociedad, retomando la demanda general de la recuperación de los fondos de pensiones para la restauración de un régimen público, solidario y redistributivo, debate nacional que requiere revisar el modelo económico y el régimen político que atropella los derechos laborales y sociales de los mexicanos y desmantela las instituciones públicas.

Ante la violencia estatal, se requiere la mayor participación de los mexicanos para encontrar una salida democrática a la crisis del modelo económico y la descomposición del régimen político. No se puede suplantar la voluntad popular como tampoco se debe continuar imponiendo reformas que amenazan las libertades democráticas y cancelan derechos conquistados por la clase trabajadora. Hoy la ruta pacífica para superar la crisis pasa por que se respete el derecho de los trabajadores a la organización sindical democrática y la limpieza del proceso electoral.

Integrante del CACEPS. caceps@gmail.com