La rectoría de la educación pública

¿Qué entidad, instancia o autoridad debe de hacerse cargo de regular, administrar y llevar a cabo en lo general, la rectoría de la educación pública? Una pregunta tan obvia, debería de tener una respuesta igualmente obvia, pero en el caso de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, no lo ha sido y los resultados están a la vista de todos.

Son tres Estados que tienen el mayor rezago educativo de toda la república, tres de los Estados con mayor nivel de pobreza, desigualdad y violencia a nivel nacional. Tres de los Estados que reciben mayores apoyos presupuestales en comparación con otras entidades federativas, y año tras año, mantienen los mismos niveles de subdesarrollo, con el agregado que también compiten en ser puntales en la exportación masiva de inmigrantes, por la falta de oportunidades laborales y productivas.

También son tres Estados emblemáticos por haber tenido gobiernos muy corruptos, autoritarios y comúnmente con altos niveles de ingobernabilidad que en algunos casos podrían ser considerados como Estados fallidos, por la ausencia de la autoridad para ejercer sus facultades más elementales como es garantizar el orden público, la seguridad y la justicia. Sin exagerar, son tres Estados que se debaten constantemente entre la anarquía, cuando hay gobernadores débiles e incompetentes y la represión, cuando hay gobernantes intolerantes y soberbios, ya que actúan abusando del poder coactivo que tienen para garantizar la paz y la armonía social.

Son tres entidades, en donde el poder del Estado es constantemente desafiado por estructuras políticas paralelas. En algunos momentos, se ha dado el caso  en que emergen incluso, grupos paramiliatres. La APPO de Oaxaca, las guardias comunitarias de autodefensa de Michoacán, así como las históricas células guerrilleras de Guerrero son buenos ejemplos que ilustran esta calamidad de presión social y política con la que el Estado- nación debe entenderse, para eventualmente resolver o administrar determinadas demandas de estos grupos de presión.

En el caso de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, sus presiones y pretensiones fueron demasiado lejos, al querer ejercer un poder sin control, sin legitimidad y sin derecho alguno, ya que no le corresponde ser al mismo tiempo, gremio que procura la mejor defensa de los supuestos intereses y derechos de los trabajadores de la educación, y de facto, el garante de un derecho humano fundamental, como es el de la educación pública.

Con sustento en la absurda idea de abusos y costumbres, chantajes y manifestaciones, es como logró imponer desde el año de 1992, una agenda particular altamente subsidiada con los impuestos de todos los mexicanos, en donde se creó toda una institucionalidad de gobierno, para que una fracción de un sindicato disidente, conociera y resolviera sobre todos los asuntos en materia educativa. Obviamente, aprovecharon la claudicación del Estado, para establecer un dominio político de excesos, que ha funcionado en buena medida, por la inobservancia e inacción de muchos gobiernos del orden federal, estatal y municipal.

Acuerdos que terminaron por lastimar sensiblemente el futuro de muchos millones de niños oaxaqueños que no han recibido la protección de un derecho que está consignado en la Constitución, para ser beneficiarios de una educación de calidad, y que sea ajena a todo tipo de dogmas, fanatismos, populismos y demagogias.

Con la reciente decisión del gobierno federal y estatal de Oaxaca, para dejar sin efecto alguno las exóticas prebendas con las que funcionaba la sección 22 de la CNTE, el Estado nacional, reasume facultades y obligaciones fundamentales, para ejercer adecuadamente la rectoría de la educación pública en Oaxaca. Claramente el mensaje también debe de ser escuchado en Guerrero y Michoacán.

Probablemente no sea suficiente para acabar con todos los males que aquejan a estas entidades, pero sin duda es un gran principio, tal vez la mejor decisión tomada en muchos años, para cambiar la realidad presente de la miseria y la ignorancia.

Académico por la UNAM.