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Hace unas horas los diputados federales aprobaron el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2016. Con ello la Cámara de Diputados autoriza el pago a todas las erogaciones que hará el sector público federal presupuestario a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.
Esta autorización permite pagar con cargo a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2016 los gastos que realizarán los Poderes Judicial y Legislativo, los órganos autónomos (INE, Inai, IFT, Inegi, CNDH), las dependencias de la administración pública federal centralizada, IMSS y el ISSSTE, las empresas productivas de Estado Pemex y CFE, las participaciones de los ingresos federales que recibirán los estados y municipios, y el costo financiero de la deuda pública (sin bancos de desarrollo).
La LIF cubre el gasto del PEF primordialmente con el pago de nuestros impuestos federales (ISR, IVA, IEPS y otros), derechos, productos y aprovechamientos que recauda el gobierno federal, las cuotas obrero patronales que recibe el IMSS y el ISSSTE, la venta de bienes y servicios de Pemex y CFE, así como la autorización a un endeudamiento neto para el gobierno federal por 520 mil millones de pesos (mmp) de un financiamiento neto para el sector público federal presupuestario de 609 mmp. La LIF 2016 cubrirá un monto total de egresos por 4 billones 763 mil 874 millones de pesos, que equivalen a 24.6% del PIB.
Este PEF aprobado tiene varios aspectos muy positivos nada despreciables y muchos puntos negativos.
Entre lo bueno destaca el sentido de responsabilidad del Congreso al respetar el límite del techo de endeudamiento neto que propuso el Ejecutivo federal. Esto es bueno para cuidar la calidad crediticia. Este límite es menor al de 2015, pero aún sigue siendo elevado, pues las finanzas públicas seguirán teniendo un balance primario negativo.
Lo malo del PEF 2016 es que los mexicanos fuimos privados de un debate de altura. Esta discusión es imprescindible porque desafortunadamente el gasto público está contribuyendo muy poco al crecimiento económico y no está teniendo los resultados esperados en reducción de pobreza y disminución de la desigualdad. El interés público merece saber con exactitud qué tipo de gasto tenemos y qué está logrando. Para nuestra mala suerte simplificar el debate presupuestario y trivializarlo con “reducir el gasto corriente”, no nos lleva a ningún lado. El problema está en una disyuntiva: transferencias vs. servicios públicos. El PEF está infectado con demasiados programas tipo Robin Hood —quítese al rico para darle al pobre—, disfrazados con la etiqueta de “programas sociales” que sólo benefician a clientelas a costa de la cobertura, cantidad y calidad de los servicios públicos que permitirían reducir la pobreza a través del acceso a la educación pública y a la salud pública, así como a las otras carencias señaladas por la Ley Federal de Desarrollo Social.
Lo más feo del PEF 2016 hace evidente la disfuncionalidad del proceso en la aprobación. El espíritu de la legislación es para que se dé un debate serio y a fondo en las comisiones del Congreso. Sin embargo, eso no está sucediendo. ¿O recuerda un debate memorable y relevante en alguna de las comisiones?
Y lo horrendo del PEF 2016 fue el cobre que mostraron los diputados, al abusar de la facultad exclusiva de modificar el proyecto de PEF. Este abuso lo han hecho las legislaturas desde la aprobación del PEF de 2005, cuando en julio de 2004 se promulgó la reforma a la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución que introdujo, en la euforia de la democracia, esta nueva facultad para los diputados. El presidente Fox, en su contribución más importante en materia presupuestaria, vetó este tipo de cambios carentes de fundamento jurídico en el PEF 2005, con lo que rompió el mito que había al respeto, al amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El PEF trae inercias muy fuertes de superar. Éstas se filtraron desde la administración anterior en las negociaciones presupuestarias, motivadas por los altos precios del petróleo que dieron muchos recursos para dilapidar. Ahora, al tener ingresos petroleros bajos, sí dolerá pagar con cargo a nuestros impuestos la conducta depredadora de los diputados que creen que su objetivo es “jalar recursos federales” para su distrito. Ojalá que esos 10 mmp sí luzcan en la infraestructura educativa, deportiva y cultural de los municipios. Cuando menos destínense a mejorar baños y a poner bebederos. ¿Lo harán?
Economista.
@jchavezpresa
