Seguridad interior, pero no la militarización del país

En el escenario de una crisis de fin de régimen, se analiza de nueva cuenta en México el papel de las Fuerzas Armadas y la responsabilidad de las policías civiles locales para otorgar la seguridad que reclama la sociedad ante una creciente percepción de que los índices delictivos se han elevado.

En esta situación, gobiernos municipales y estatales están siendo cooptados y controlados o abatidos por las bandas del crimen organizado bajo la premisa amenazante de: “plata o plomo”.

El saldo en cifras y percepciones no ha sido positivo en el anterior ni en el actual sexenio: decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, sin desconocer la captura de capos importantes. El caso más elocuentemente crítico fue Michoacán con el surgimiento abierto de las llamadas “autodefensas” para enfrentar a la delincuencia.

Y es en este contexto en el que acudieron a la Cámara de Diputados gobernadores de los grupos políticos más importantes del país: Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán (PRD); Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa (PRI) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (PAN), a quienes la Junta de Coordinación Política invitó para conocer sus experiencias antes de avalar una Ley de Seguridad Interior requerida por nuestras Fuerzas Armadas, o acuñe piezas legislativas adecuadas

El PRD ha reiterado que no es necesaria una Ley de Seguridad Interior, y menos en los términos que plantea la iniciativa del PRI. Estamos convencidos de que debemos encontrar un punto medio que permita que el Ejército realice funciones de apoyo a los gobiernos civiles; sin que signifique la militarización del país.

Es por todos sabido que los militares se han hecho necesarios ante la ineficacia de los gobiernos civiles, esa es una realidad. Hoy los gobiernos locales no quieren el retiro de los militares de sus territorios, pues significaría dejar indefensos a la sociedad y sus estados. Por lo tanto, estamos a favor de que:

1) Se hagan compromisos para que los gobiernos estatales tengan policías eficaces que den seguridad a la población lo más pronto posible y,

2) que, en tanto se haga necesaria la presencia y participación del Ejército, tener un marco regulatorio; lo cual nos lleva a reiterar que no es necesaria una ley especial, sino reformas a leyes actuales como la de Seguridad Nacional o la del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las experiencias de los gobiernos estatales y municipales coinciden en un punto: mayor participación y coordinación, pero con base en la experiencia histórica incluso de naciones en las que ha dominado la fuerza del Estado a partir de su milicia. No es conveniente avalar la propuesta del PRI porque viola ordenamientos constitucionales y acuerdos internacionales, atropella derechos humanos, y deja claro que la autoridad militar entra a suplir Ministerios Públicos y pone a las fuerzas militares en situación de permanencia y no de retiro paulatino.

La Cámara de Diputados debe resolver la minuta del el Mando Policial Mixto y la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional (que regularía la restricción o suspensión de los derechos y garantías, “Estado de Excepción”), que daría las autorizaciones necesarias para que el Ejecutivo haga frente a una situación de emergencia.

Si después de resolver esos temas, sigue siendo insuficiente el marco jurídico para la actuación de los militares en labores de apoyo a las autoridades civiles para mantener la seguridad, veremos si aún se requiere una ley especial o si hacemos un capítulo en la Ley de Seguridad Nacional.

No apostaremos en modo alguno a abonar, tampoco, la otra parte del saldo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y que ha sido su desgaste físico, la pérdida de vidas y el cuestionamiento sobre su actuar con fuertes señalamientos sobre posibles violaciones a los derechos humanos, como irresponsablemente lo ha hecho un personaje de la vida nacional.

Vicecoordinador de los diputados federales del PRD