Me he referido en columnas anteriores al reiterado reclamo de algunos padres de estudiantes de Ayotzinapa que necesitan saber quién envió a sus hijos a Iguala la noche del 26 de septiembre; por qué eran sobre todo los de primer ingreso, por qué tan lejos de su escuela y por qué a esas horas de la noche.

A pesar de haberse convertido en una “Recomendación” en el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a pesar de que es un elemento pertinente para la investigación pericial, quienes están en posesión de las respuestas han elegido ignorar a los padres de familia. Es un singular agravio, pues quienes les escatiman las respuestas son los mismos que les exigen someterse al estricto guión que, al criminalizar al Estado, exculpa a todos los demás, ellos incluidos.

Creo que la orden de enviar a Iguala a los “pelones” de Ayotzinapa salió de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la “Organización estudiantil semiclandestina de carácter nacional, integrada por estudiantes de las escuelas normales rurales de México”, que es como se presenta públicamente ().

La semana pasada documenté la forma en que, para todo efecto práctico y por encima de los procedimientos de ingreso reglamentados, la FECSM ha privatizado un sector de la educación pública, pues se arrogó la facultad de otorgar el ingreso. Esto ya atenta contra la primera de las exigencias de la revolución mexicana —incluyendo la de mi general Cárdenas— en el sentido de que la educación debe ser pública, así como las otras exigencias que han agregado otras revoluciones adventicias, a saber, que sea gratuita, autónoma, laica, crítica, científica y popular.

Que los jóvenes aspirantes a ingresar a una normal rural deban someterse incondicionalmente a los requisitos que fija la FECSM no me parece que sea muy respetuoso de su capacidad crítica. El joven aspirante puede tener proyectos legítimos, pero le van a servir de muy poco si no coinciden con el proyecto de quienes monopolizan el poder para evaluarlo.

El joven deberá someterse a una “semana de adaptación” que, en los hechos, es una evaluación de su capacidad para someterse a la autoridad de sus patrones, los que decidirán su ingreso y normarán su vida durante cuatro años (la semana entrante contaré un extraño caso de “obediencia” a la FECSM). Deberá también el joven demostrar que sabe obedecer sin chistar, y deberá abrazar la ideología de sus amos, sin ningún tipo de crítica o reparo, so pena de ser sumariamente expulsado. Y esto a nombre de la educación pública…

En el mismo documento, y con sinceridad encomiable, la FECSM también proclama que los normalistas a su servicio son “personas críticas, analíticas, reflexivas y activas, de carácter socialista marxista-leninista”. Los jóvenes que quieran ingresar a una normal rural (o permanecer en ella) deberán, pues, desde el primer día, supeditar sus facultades críticas y analíticas a una sola ideología, la marxista-leninista, que es la que les gusta a quienes serán sus amos y señores durante cuatro años.

Ahora bien, en ese documento la FECSM se pronuncia contra “la discriminación social” pero negarle el ingreso o expulsar a quien no acepte previamente el marxismo-leninismo como ideología ¿no es ya una forma de discriminación? Y considerar a esa ideología como obligatoria e incriticable, ¿no es ya un atentado contra el carácter laico de la educación popular?

El resto del documento es igual de crítico y analítico. El imperialismo, el fascismo, el estado burgués, etcétera. Quien no piense como la FECSM propicia “la represión física y sicológica”. La educación que no sea marxista-leninista es “profesionalista, religiosa e imperialista”. Y quien haga preguntas de más y se salga del guión crítico y científico y reflexivo y popular propicia el “divisionismo de nuestras bases”.

Supongo que eso incluye a los padres que preguntan “¿quién los envió?” y a quien nadie responde: podrán ser bases, pero no tanto.

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