Constitución versus Estatuto de Gobierno

La Reforma Política del Distrito Federal, ahora ya de la Ciudad de México, estableció las bases para la creación de la primera Constitución de nuestra capital. Quienes conformaremos la Asamblea Constituyente tenemos el mandato de entregar a los ciudadanos un documento que determine los derechos de los habitantes y la estructura gubernamental.
¿Habrá una diferencia real entre el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal aún vigente y la futura Constitución de la Ciudad de México? ¿Servirá de algo el gasto en elecciones y en la organización y funcionamiento de la Asamblea Constituyente?
El jefe de Gobierno tiene el monopolio sobre la primera propuesta, ya que el PRD, en alianza con el PRI, se aferró a que sólo hubiera un documento sobre el cual se desarrollaran los trabajos. A escasos dos meses del inicio de la Asamblea, poco se sabe del documento y mucho menos de la organización interna que tendrá el cuerpo colegiado.
 Ahora bien, el reto para la Constitución consiste en justificar su propia existencia y relevancia. ¿Por qué una Ciudad que ya cuenta con un marco jurídico debe gastar en redactar uno nuevo?  He decidido colocarme en el lado de quienes piensan que a la Ciudad le hará bien una nueva Constitución, pero para que eso suceda deben hacerse cambios sustantivos que trasciendan la mera redacción y la tentación de preservar el status quo:
 1. Derechos humanos. La larga lista de derechos que define la Constitución de nuestro país no es más que un catálogo de buenos deseos si no existen los mecanismos para exigirlos. La Constitución de la Ciudad de México no puede repetir ese grave error. Según datos de la encuesta ¿Cómo vamos, CDMX? 2014, 16% de los encuestados considera que sus derechos humanos fueron violados por alguna autoridad durante ese año.
 2. Reestructuración del gobierno local. La demanda ciudadana por disminuir la burocracia debe ser escuchada. Hay que abrir la puerta para rediseñar la estructura del gobierno de la Ciudad y su forma de trabajo, definiendo competencias claras y evitando la duplicidad de funciones o los cargos absurdos.
También resulta fundamental apostar por una etapa de mayor empoderamiento de las alcaldías. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard prácticamente se dejó a las delegaciones como oficinas de recepción de documentos sin atribuciones reales para construir gobiernos sólidos y capaces de ejecutar soluciones. Es urgente retomar una vocación federalista y una sana relación entre el jefe de Gobierno y los futuros alcaldes. La eficiencia de las delegaciones ha sido de las peor evaluadas por la ciudadanía según la encuesta ¿Cómo vamos CDMX? 2014.
 3. Reorganización fiscal y presupuestal. Los impuestos y subsidios se han diseñado durante décadas con criterios políticos y partidistas. Los resultados están a la vista: los impuestos no incentivan buenas prácticas, no existe tasa de retorno para el puntual contribuyente y los subsidios tienen más que ver con el interés electoral que con las necesidades de las familias.
La Constitución de la Ciudad de México puede ser una buena oportunidad para generar una nueva política fiscal y presupuestal, una ley de coordinación fiscal y presupuestos orientados a resultados.  La legislación en materia de transparencia y combate a la corrupción debe ir a la máxima publicidad que la legislación federal aún no alcanzó.
 4. Sustentabilidad. Las políticas de desarrollo urbano, medio ambiente, agua, manejo de desechos, contaminación, entre otras, no pueden seguir a merced de las ambiciones de los gobernantes de la Ciudad. Casos como Santa Fe, las invasiones a áreas de conservación, cambios de usos de suelo, hasta políticas fallidas como el Hoy No Circula evidencian la carencia de responsabilidad y visión de largo plazo que ha prevalecido en los gobiernos.
5. Participación ciudadana. Los gobiernos del PRD han promovido la “organización” ciudadana a través de la creación de estructuras vecinales que no tienen las facultades (ni la obligación) para generar mejor convivencia en las colonias. El objetivo más importante debe ser incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones, no pretender cooptarlos desde el poder y para los gobiernos. Nuestra mirada debe estar en construir una ciudad para ciudadanos, no para acrecentar aún más el poder de los partidos.
 Sin duda existen muchas más oportunidades que podrían convertir a la Ciudad de México en un referente para el resto de las entidades e incluso para otras ciudades del mundo. En las manos del jefe de Gobierno, pero sobre todo de los que formaremos parte de la Asamblea Constituyente, estará la disyuntiva de mantener la inercia de un disfuncional Estatuto de Gobierno o de crear la Constitución que esta gran Ciudad merece y necesita.

Senadora del PAN.