2017 como 2011

Según la información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa por cada 100 mil habitantes de homicidio doloso del mes de mayo de 2017 posiciona al mes como la segunda tasa más alta desde 1997 y el primero en materia de robo a negocio.

Ante la crisis que vivimos, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) nos dimos a la tarea de elaborar el Estudio Anual de Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2016 http://onc.org.mx/2017/06/29/incidencia-de-los-delitos-de-alto-impacto-en-mexico/ que analizó la incidencia delictiva y las políticas públicas implementadas a nivel nacional, regional, estatal y municipal, con el fin de desarrollar un pronóstico de cómo terminarán las tasas acumuladas de delitos en 2017 y recomendar acciones puntuales que resuelvan y reviertan las actuales condiciones del país.

Lo que el Estudio encontró fue un deterioro importante de las condiciones de seguridad tanto a nivel nacional como local. Esto se refleja en el aumento tanto del porcentaje como de la dispersión geográfica del homicidio doloso, que de 2015 a 2016 aumentó su incidencia un 20% en un total de 23 entidades.

En este contexto, la revisión puntual de la política de intervención focalizada a 50 municipios de alta incidencia de homicidios parece una política construida sobre la base de un diagnóstico inexacto que concluía que la violencia en México estaba contenida en los municipios de mayor prevalencia en términos absolutos de este delito.

Ante un análisis de las tasas de homicidio y en un ejercicio de regresión de datos, podemos ver que ya desde 2011 los homicidios tenían mayor prevalencia en menos de 50 municipios y año con año, éstos se han ido dispersando en el territorio, llegando a ser en 2016, setenta los municipios que superaron la tasa nacional.

Es decir, si se toma como premisa que, para reducir el problema de la violencia en México, es suficiente disminuir el número de homicidios dolosos, la primera falla de esta política se puede apreciar desde la definición del número de municipios que debían ser considerados como prioritarios.

Otro aspecto que preocupa es que, con base en la incidencia de delitos violentos, no se puede identificar un motivo para dividir en 5 regiones al país. La estrategia de regionalización no permite ni entender ni atender la violencia, genera un dispendio de recursos innecesarios y falsea los supuestos iniciales en términos de construcción de las políticas de seguridad y justicia.

A pesar del importante ejercicio que se ha hecho para activar y homologar el trabajo de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), los datos de incidencia delictiva muestran un estancamiento en términos de resultados. Este estancamiento se debe en parte a una carencia de acciones complementarias -tales como el combate a la estructura y recursos financieros de bandas de secuestradores- que vuelven insuficientes los esfuerzos y sacrificios de las UECS para reducir el delito.

Por tal motivo, en el Estudio concluimos que urgen políticas sustentadas en datos confiables, que cuenten con indicadores de desempeño y resultado que permitan evaluar el trabajo de nuestras autoridades.

Urge retomar la rectoría del sistema penitenciario, implementar un eficaz combate a la corrupción -en tiempo real- y debilitar la estructura financiera de los delincuentes, con miras a romper las redes de protección de los mismos, revertir las debilidades institucionales, mermar la capacidad de delincuentes de reconstituir sus bandas, operar, comprar seguridad, justicia o continuar delinquiendo desde un penal.

Urge que en el territorio se cuente con servidores públicos bien capacitados, justamente pagados, bien tratados y equipados, que enfrenten los retos locales y colaboren con las autoridades de todo el país.

Urgen políticas económicas y sociales capaces de generar trabajos bien remunerados, bienestar e incentivos a la legalidad para todas las personas.

Urge la colaboración entre los sistemas educativos y de desarrollo social para una profunda reconstrucción del tejido social.

Todas estas acciones, se deben implementar al tiempo que las autoridades federales y locales impulsen políticas efectivas de combate al tráfico y al comercio ilegal de armas.

De acuerdo con los pronósticos construidos sobre la información de 2016, este año podría terminar en niveles de violencia equivalentes o superiores al 2011 -el peor año de nuestra historia-, por lo que hay que dejar de lado excusas y emprender acciones que garanticen la razón de ser del Estado y la seguridad de las personas en México, porque por lo pronto, todo apunta a que 2017 terminará como 2011 y nada garantiza mejoras en 2018.