El teatro de Virgilio Andrade

Emilio Lezama

Parecería que las leyes sólo existen para proporcionar muletillas verbales que se oponen al sentido común y justifican lo inexplicable

El lenguaje no siempre facilita la comunicación, a veces su función es justamente la contraria: resguardar el mensaje e impedir su transmisión. Cantinflas usaba el lenguaje como un arma para entorpecer el diálogo y encubrir su verdadero sentido. De manera similar, los mexicanos hemos desarrollado antilenguajes construidos para la evasión, para esconder y protegernos. A la fluidez del cantinfleo se contrapone otra versión del antilenguaje; la rigidez burocrática del lenguaje pseudojurídico. Si el primero busca evadir el segundo busca ocultar.

En un país donde no existe el Estado de derecho, sorprende la frecuencia con la que se recurre a su vocabulario. Parecería que las leyes sólo existen para proporcionar muletillas verbales que se contraponen al sentido común y justifican lo inexplicable. Los políticos y abogados han construido un lenguaje que ellos llaman “jurídico” pero que en realidad es ininteligible; su propósito es construir una separación infranqueable entre emisor y receptor. ‘No es que el emisor esté equivocado es que el receptor no entiende la complejidad de lo que alega el emisor.’ Esa es la premisa que sostiene a esta forma del lenguaje. Por ello cuando se encuentran en apuros, políticos y abogados recurren a la jerga legal, llena de modismos indescifrables y recovecos oscuros que crean la sensación de vértigo o aturdimiento.

La conferencia de prensa en la que Virgilio Andrade dio los resultados de la investigación en torno a las casas del Presidente y su gabinete fue una muestra perfecta de los usos políticos de este antilenguaje. El secretario de la Función Pública construyó un universo lingüístico autorreferencial, diseñado para blindar a sus colegas de cualquier acusación y marear con recursos legaloides a la ciudadanía. En todo momento Andrade se amparó en lo que él llamó “un argumento jurídico” que excluyó todo lo que las investigaciones periodísticas habían señalado como sospechoso. Curiosamente, la “ley” permitió a Andrade buscar sólo donde sabía que no encontraría nada.

Según su propia definición “El conflicto de intereses (...) se materializa cuando un servidor público recibe un beneficio individual.” Para los ojos burdos del sentido común, la casa de Luis Videgaray en Malinalco, otorgada cuando ya pertenecía al gabinete de transición, podría parecer un ejemplo certero de un servidor público “recibiendo un beneficio individual.” Sin embargo, incluso siendo parte del equipo de transición, Videgaray aún no era oficialmente funcionario público por lo que de acuerdo con “el marco jurídico” estaría exento de conflicto de interés. Dicho de otra manera; según la argumentación de Andrade, regalar o facilitar casas a un personaje público meses antes de que ocupe un cargo no puede ser considerado conflicto de interés, incluso si, meses después, se le asignen decenas de contratos —incluyendo la licitación de un tren rápido— a ese generoso facilitador o donador de casas.

Por ello, la investigación de Virgilio Andrade acabó por revelarse como la farsa que siempre fue. Un escenario más en el teatro de un administración que ha llevado la política priísta de la forma sin fondo a su máxima expresión. A la narrativa del sexenio de Peña Nieto sólo se contrapone un molesto y recurrente lastre: la realidad. El gabinete y sus compadres viajan a Inglaterra a conocer a la reina y se pasean por los Campos Elíseos, pero nadie pisa Iguala ni Tlatlaya. El Presidente evita la realidad porque ésta lo contradice. Del teleprompter al lenguaje encriptado “pseudojurídico”, la narrativa de este gobierno está hecha para blindar no para comunicar.

La conclusión verdadera de la investigación no es que no haya existido un conflicto de intereses en la adquisición de las casas, sino que la ley permite y fomenta el conflicto de intereses. No hay mejor prueba de ello que la misma investigación. Ante uno de los escándalos más complejos de su sexenio, el Presidente optó por un remedio ‘homeopático’: curar con los iguales. Decidió investigar un conflicto de interés con otro conflicto de interés. El marco jurídico estuvo de acuerdo, se lo permitió.

Al final de la sesión de preguntas y respuestas una periodista de Sin Embargo alzó la voz contra Virgilio Andrade: “No me respondió absolutamente nada de lo que pregunté.” —le reclamó. En el fondo, el reclamo debió haber sonado a halago; Andrade había cumplido su misión; hablar para no decir, para confundir, para proteger.

 

Director de ‘Los hijos de la Malinche’.

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