En el mundo de los mercados financieros el futuro es tan importante como el presente. Antes de decidir en qué empresa o país invertir, los grandes capitales analizan las condiciones actuales, pero revisan de manera más exhaustiva lo que puede pronosticarse sobre el desempeño de la compañía o nación adonde destinarán sus recursos. Para ello las calificadoras juegan un papel importante, ya que su tarea es detectar los riesgos en una empresa, un país o una entidad, y emiten una opinión sobre su capacidad de pago. México no escapa a su evaluación.

Voces críticas las consideran un oligopolio, que a menudo incurren en conflictos de intereses, con opiniones valiosas únicamente para el corto plazo y en ocasiones con problemas de credibilidad. Sin embargo, todas coinciden en que son un mal necesario.

Sólo tres tienen presencia mundial: Moody’s, Standard & Poors y Fitch Ratings. Ayer esta última ratificó la calificación a la deuda mexicana: BBB+, pero modificó la perspectiva, de “estable” a “negativa”. Con esta decisión, las tres grandes agencias coinciden en la previsión sobre México.

Las calificadoras alertaron hace unos meses sobre el riesgo que representa el nivel que ha alcanzado la deuda pública en los últimos años y llamaron a tomar medidas para contenerlo. El gobierno atendió la recomendación y en la presentación del paquete presupuestal para 2017 destinó la mayor cifra de los últimos 16 años (568 mil millones de pesos) para hacer frente a compromisos de la deuda.

El entorno internacional, sin embargo, no ha sido el más propicio para el país.

Fitch advierte que la estabilización y disminución de la deuda pública está en riesgo debido a que el resultado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos incrementó la incertidumbre económica, pues el presidente electo ha aludido a renegociar o a terminar el Tratado de Libre Comercio.

Aun con las aristas negativas que puedan presentar, las calificadoras están haciendo las veces de un riguroso supervisor del manejo de las finanzas. Tras conocerse el anuncio de Fitch, la Secretaría de Hacienda salió a refrendar el compromiso del gobierno mexicano de reducir la deuda y trabajar en los aspectos internos que mejoren el escenario económico del país.

La opinión que emitan las calificadoras puede no ser la que las autoridades deseen escuchar pero, junto con los organismos financieros internacionales, sus reportes deben servir para conocer lo que la comunidad internacional espera del país. A fin de cuentas, lo que todos los actores económicos desean de cualquier gobierno (federal, estatal o municipal) es algo muy simple: el manejo responsable de la economía.

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