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Durante muchos años nos acostumbramos en México a admitir versiones oficiales sobre investigaciones penales que en el fondo no estaban soportadas por evidencias científicas. Desde las osamentas que supuestamente eran del diputado Manuel Muñoz Rocha, hasta el fiasco de Florence Cassez. Lo que sí cambió fue la tolerancia de la opinión pública, la cual todavía emite sentencias antes de conocer pruebas, pero ya dejó de confiar en lo dicho por las autoridades.
La desafortunada frase de la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam —y el posterior cuestionamiento del grupo de expertos de la CIDH— fue la más reciente lápida sobre la credibilidad en el sistema de justicia mexicano. Tantos meses ha durado el daño a la imagen de las instituciones federales en seguridad a raíz del caso Iguala, que el siguiente problema será hacer creíble un mensaje de solución aun si esta vez hay consenso científico.
Interesantes conclusiones se desprenden de lo ocurrido ayer, cuando un grupo de especialistas en fuego —que incluye al principal crítico de la hipótesis de la incineración de la PGR, José Luis Torero— declaró en voz de Ricardo Damian Torres, uno de los especialistas: “La recolección de restos óseos corrobora evidencia suficiente y coinciden entre los equipos forenses, tanto de la PGR como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) (...) que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.
Sin embargo, el caso no ha terminado, pues lo que debió ser un evento en el cual las partes se ponían de acuerdo en torno a una verdad científica, fue una vez más un generador de discordia. “Esas declaraciones no reflejan el consenso sobre el contenido ni el proceso de trabajo de un informe que es provisional. El GIEI reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”, dijo el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos integrantes han cuestionado la forma de actuar del gobierno mexicano frente al caso.
Además, incluso si creemos en este último informe y admitimos que “al menos 17 personas” pudieron haber sido quemadas en el lugar, todavía se requeriría de una más profunda investigación para determinar, con cierto nivel de certeza, si más víctimas estuvieron incluidas en el acto. En caso contrario, ¿qué ocurrió con ellas?
No hay que perder de vista: muchas dudas faltan por aclararse. La disposición al debate de expertos y de investigadores oficiales, y la apertura a la crítica, debe reestablecerse si algún día se aspira a llegar a una conclusión.
