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El desinterés de la clase política por transparentar sus actuaciones y su patrimonio quedó manifiesto en el pasado proceso electoral federal de 2015. La respuesta a la invitación de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano de Competitividad, para que los aspirantes a algún cargo de elección presentaran tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses, quedó corta. Fue una minoría de candidatos la que aceptó participar.
En la Ciudad de México, gobernada desde hace casi dos décadas por la izquierda, es lenta también la respuesta de autoridades y legisladores para sumarse a la llamada propuesta 3de3, a pesar de que varias acciones de gobierno capitalinas han marcado pauta en el país al considerarse progresistas y de avanzada.
En octubre de 2015, EL UNIVERSAL publicó que únicamente seis delegados habían subido su información a la plataforma del Imco. Casi seis meses después, apenas se sumó otro delegado. Sólo siete de los 16 han entregado su información. ¿Cuál es la razón del resto para mantenerse en la opacidad y resistirse a la presión ciudadana que exige de sus gobernantes una actuación pulcra y alejada de intereses personales o de grupo?
Entre los integrantes de la Asamblea Legislativa, la actitud es similar: 11 han adoptado el ejercicio; de ellos, cinco son panistas, tres son de Morena, dos del PRD y una del PRI. En los delegados, tres son de Morena, dos son del PAN y dos del PRD.
Los elegidos a un cargo de representación popular deben tener claro que los tiempos actuales son muy diferentes a las viejas prácticas en las que predominaban las prebendas, los privilegios y actos de corrupción.
La llegada de una sociedad más activa y vigilante de la actuación de políticos, acompañada del avance tecnológico, han hecho más públicos a los personajes públicos, como los gobernantes, y permitido la concentración de datos en un solo sitio para la consulta ciudadana, como es la página tresdetres.mx, que concentra las declaraciones de funcionarios que se adhieren a la propuesta.
Lo que la sociedad demanda es que la llegada a un puesto público no se convierta en sinónimo de riqueza o de acceso a una casta privilegiada con derechos superiores a los del ciudadano común.
Está en manos de los políticos y gobernantes comenzar a transformar la desconfianza ciudadana e iniciar una nueva forma de gobierno, transparente y comprometida únicamente con la ciudadanía. Hacerlo antes de que se deteriore más la confianza en la clase política es prioritario. Unos cuantos han entendido la situación. La población sigue esperando al resto.
