El enemigo en casa

Editorial EL UNIVERSAL

Combatir la corrupción empieza por designar en los cargos públicos a personas de probada honradez. Es cierto que no hay examen o trayectoria que garantice esa virtud, pero si un servidor público ya fue hallado culpable y sancionado por una irregularidad, esa debería ser razón suficiente para excluirlo de cualquier otro puesto en la administración pública. Si ni siquiera ese requisito se cumple en una institución, poco cabe esperar de sus controles en otras áreas.

EL UNIVERSAL descubrió que Rodrigo Atilano Carsi, quien el pasado jueves fuera inhabilitado por la Contraloría General del Distrito Federal por conflicto de interés, labora actualmente como directivo en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Atilano, hasta febrero de este año director general de Servicios Urbanos del gobierno capitalino, firmó en su momento contratos en beneficio de la empresa Planet Ingeniería, cuya directora comercial, Érika Molina, era esposa de su jefe, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Alfredo Hernández, a la postre también inhabilitado.

Atilano ostenta ahora el cargo de director de Gestión Integral de Residuos de la Semarnat, un puesto de confianza. La pregunta obvia es: ¿no se dieron cuenta en la dependencia del gobierno federal de que contrataban a un funcionario bajo investigación por conflicto de interés? ¿O acaso prefirieron ignorar ese hecho como resultado de una relación de compadrazgo o un pago de favores?

Cuando la Secretaría de Medio Ambiente responda por fin a la duda quizá tenga la tentación de recurrir al pretexto de que no es ilegal contratar en el ámbito federal a alguien sometido a proceso por un presunto conflicto de interés en una administración local. Tristemente es cierto. De cualquier manera, si toman esa salida fácil habrán confirmado que, de igual forma, están dispuestos a permitir otras actividades indebidas no especificadas en la ley.

También grave sería que argumentaran un simple descuido. No era muy difícil descubrir el pasado del personaje. Hubiera bastado con que empleados de reclutamiento o el jefe inmediato de Atilano en Semarnat googlearan su nombre; está en documentos oficiales y en notas periodísticas.

Apenas en julio pasado varios funcionarios que trabajaban en la delegación Coyoacán fueron destituidos luego de que la Contraloría del Distrito Federal detectara que habían sido inhabilitados por anomalías en las administraciones de Tlalpan y Magdalena Contreras. Tampoco ha habido sanciones a los reclutadores o explicaciones sobre por qué fallaron los controles que debería haber antes de ingresar a nuevos funcionarios.

Ningún combate a la corrupción puede tomarse en serio si los responsables de implementarlo son de probada deshonra.

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