La ciencia decidirá Iguala

Se acerca el primer aniversario del crimen en Iguala, Guerrero, que dejó 43 estudiantes desaparecidos —dos confirmados como fallecidos— y una estela de dudas que mancha la imagen del Estado mexicano porque aun con acusados en la cárcel, un sector de la sociedad no estará satisfecho hasta no descartar todas las hipótesis. Ayer, sin embargo, hubo noticias que ayudarán a resolver el rompecabezas.

La Procuraduría General de la República anunció que los expertos de la Universidad de Innsbruck —a quienes fueron enviados restos desde diciembre pasado— lograron identificar a otro estudiante, parte de los 43 desaparecidos de Iguala. Se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 21 años. Con él, serían ya dos las víctimas identificadas. Cabe recordar que el centro de estudios había logrado ya detectar muestras orgánicas del normalista Alexander Mora.

En circunstancias normales el hallazgo habría hecho más sólida la versión oficial de que los 43 alumnos fueron incinerados en un basurero y luego sus restos arrojados al río, pues a partir de esos fragmentos se realizaron los análisis.

El problema es que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló el pasado 6 de septiembre que no existían elementos de prueba suficientes para concluir que los estudiantes hubieran sido incinerados en el lugar en cuestión. El origen de todo está en la desconfianza en la información oficial.

El gobierno mexicano dice que los restos los hallaron los peritos de la PGR y cuatro buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la recolección de evidencia en el Río San Juan.

Sin embargo, los expertos argentinos que desde el año pasado participaron en la identificación de los normalistas, precisaron el 7 de diciembre de 2014 no haber estado presentes en la recolección. Esos y otros detalles han hecho a los expertos de la CIDH solicitar nuevos peritajes, los cuales están en marcha.

Mientras tanto sería irresponsable asegurar tanto que el gobierno federal está mintiendo, como que la verdad oficial no debe ser revisada por nadie.

Quizá al final se demuestre que la PGR estuvo en lo correcto, pero sin más pruebas le será imposible lograrlo. Ha acumulado demasiadas pifias en su historia reciente. Apenas hace dos días en este diario se recordaba el fracaso de la acción penal contra los acusados de estallar granadas en 2008 en Morelia.

Cuando menos ahora, tras la petición del grupo de expertos de la CIDH de abrir de nuevo los peritajes, la discusión entre éstos y las autoridades encargadas se mantiene en el plano técnico y no en el político. Así debe mantenerse.