Hay todavía muchas incógnitas alrededor de los 8 mexicanos que murieron a manos del ejército egipcio en una provincia de aquel país, cercana a una zona de influencia del grupo terrorista conocido como Estado Islámico. De lo que no debe haber duda es que, sin importar las circunstancias, nunca debería un gobierno disparar contra un grupo de personas si no tiene la certeza absoluta de que se trata de criminales violentos. Todo indica que este no fue el caso.

Egipto tiene varias similitudes con México. Es una potencia regional, aliada de Estados Unidos, con fuertes ingresos económicos gracias a sus atractivos turísticos, pero también con graves conflictos internos frente a los cuales carece de herramientas institucionales para enfrentarlos con eficacia y respeto a los derechos humanos.

Aquí en México también hemos enfrentado el dilema de las víctimas colaterales de una guerra, en nuestro caso contra el crimen organizado. Un mal ineludible, consideran algunos, ante la necesidad de combatir fuego con fuego. Aun así, cuando las tragedias han ocurrido, cuando civiles inocentes han sido confundidos, o incriminados, lo que se exige al gobierno mexicano es aceptar su responsabilidad y reparar a las víctimas.

El gobierno de Egipto se ha esforzado en demostrar lo segundo, apoyó a los heridos y a las familias de los muertos, pero al mismo tiempo ha eludido el debate detrás de la tragedia, el de si la actuación de su ejército es sistemáticamente así de ligera frente a potenciales amenazas terroristas (suposiciones al fin y al cabo).

Es clara la razón para evadir el tema. Hablar al respecto podría dañar más la imagen internacional de un país que depende del turismo y que no ha podido estabilizarse desde que su pueblo derrocara al antes eterno presidente Hosni Mubarak.

Lo que sí ha hecho el gobierno de Egipto es intentar culpar a la agencia de viajes y quizá a los propios mexicanos (por la imprudencia de viajar a un lugar en conflicto), tratando así de desviar la atención de la falla, tal vez inexistencia, en la aplicación de protocolos de verificación de objetivos militares.

No es que el asunto de los permisos turísticos sea irrelevante. Si la versión oficial egipcia termina por ser la correcta y los mexicanos, o sus contactos en el país, acudieron a una zona explícitamente marcada como campo de batalla, y se dirigieron al lugar ignorando la ausencia de permisos, la responsabilidad del ejército de ese país sería menor. Pero no nula.

Egipto es un país controlado por una élite militar. Cuando se le desafió la última vez incurrieron en un golpe de Estado contra la autoridad previamente electa. En ese contexto será difícil el país castigue a los responsables del operativo. De cualquier manera México y el pueblo egipcio deben exigirlo.

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