Límites a los diputados

Hay muchos tipos de empleados en el mundo, pero cuando se trata de usar los recursos de la empresa empleadora, los trabajadores podrían dividirse en dos categorías: quienes tienen permitido sólo usar un presupuesto previamente asignado e inamovible y los pocos directivos con cajas chicas, gastos corporativos y flexibilidades a discreción. En cualquier organización privada o pública esa división es lógica; permite separar de forma eficiente el trabajo. Los diputados en México, sin embargo, son el ejemplo perfecto del abuso de ese esquema.

Sí, los legisladores en todo el mundo tienen la facultad de mover recursos extraordinarios para responder a necesidades emergentes. La particularidad en el caso mexicano es que los parlamentarios llegan al punto de ni siquiera explicar la razón del cobro y encima engañan a sus empleadores —los ciudadanos— para aminorar su indignación ante el abuso.

Información de la Auditoría Superior de la Federación revela que los diputados federales de la actual legislatura se aprobaron por concepto de subvenciones “especiales” más de 604 millones de pesos en los primeros dos años y medio de su gestión. Dinero sobre el cual no están obligados a rendir cuentas del destino final.

Se preguntó a la Cámara de Diputados si este año, como lo han hecho en legislaturas anteriores, se aprobarían un “bono” de fin de funciones. Dijeron que no, quizá orgullosos de mostrarse, ahora sí, austeros. Es un engaño, considerando que cuando menos ya recibieron 604 millones antes.

Impresiona, además, el silencio de los 500 legisladores. ¿A ninguno de todos ellos le incomoda el dispendio? Ya no se ha sabido que otro legislador que, como hiciera en 2009 el entonces diputado panista Gerardo Priego Tapia, haya regresado dinero sobrante de su trabajo legislativo.

Dice a EL UNIVERSAL un diputado, acerca de las subvenciones: “En mi caso, lo destiné para sillas de ruedas, glucómetros para medir el azúcar y la presión por el grave problema de la salud que vive México; todo lo tengo documentado”. ¿Esa es la labor de un creador de leyes, repartir recursos entre los necesitados? Por algo existen programas sociales con reglas de operación, para evitar que el dinero público sea usado en supuestas buenas causas con finales inciertos.

Con cada nuevo escándalo los políticos refrendan el eje de su mala imagen, el uso patrimonialista del dinero público.

Lo tienen más fácil porque a diferencia de una empresa, el empleador —los ciudadanos en este caso— pocas veces ejerce su libertad de disciplinarlos. Ya es tiempo. Para eso hubo una reforma en transparencia y otra en política.