El acceso al notariado en el interior de la República: una puerta abierta

Ángel Gilberto Adame

Desde hace 70 años, con la promulgación de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y Territorios Federales, la única vía para acceder al notariado en la Ciudad de México es mediante la aprobación de un examen de oposición. La añadidura de un criterio de evaluación público supuso una garantía de transparencia, pues canceló la potestad de las autoridades para designarlos directamente en favor de sus intereses. De acuerdo con Jorge Ríos Hellig, este esfuerzo benefició al derecho público y privado, ponderando el estudio, la experiencia y la honorabilidad.

Sin embargo, las entidades federativas no han seguido la misma tendencia que la capital y siguen permitiendo que los gobernadores obsequien la fe pública y los notarios vendan sus plazas sin la obligación de rendir cuentas.

Las conductas apenas referidas son denunciadas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 31 de octubre de 2003, ratificada por el gobierno mexicano el 20 de julio de 2004, según la cual corromper es un acto que socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Así, México se comprometió a impedir la corrupción y a luchar contra ella. A advertir a los corruptos que no vamos a seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública. Y a reiterar la importancia de valores fundamentales (para) hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos.

Para efectos de la Convención y como una medida preventiva, los funcionarios públicos —dentro de los cuales se agrupa a los notarios— deben obtener su nombramiento conforme a criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. Los estados de la República, al incumplir las formalidades mencionadas, atentan contra la integridad de sus órdenes de gobierno y contra la propia Constitución Mexicana.

Es un hecho que la práctica notarial exige independencia y probidad. Toda persona que acuda a solicitar el servicio debe tener la seguridad de que lo atiende un profesional certificado. Sin esa certeza, el notariado corre el riesgo de transformarse en una burocracia sorda y acomodaticia.

Las reticencias de los gobernadores y los congresos locales a eliminar la discrecionalidad y otras artimañas tienen su raíz en el deseo de preservar las canonjías que les permiten la usurpación y el pago de favores políticos; y lo hacen ante la mirada cómplice de los sistemas anticorrupción.

A manera de corolario propongo un ejercicio al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que bien puede servir como termómetro en materia de tráfico de influencias. ¿Y si se generara un censo en el que se especificara cuántos altos funcionarios y sus familiares han sido obsequiados con notarías, digamos, en los últimos 30 años? Quizás el resultado ponga en evidencia lo que hasta ahora es un secreto a voces, y la Suprema Corte decida tomar cartas en el asunto.

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