El gobierno de los jueces

Los jueces son indispensables para el fortalecimiento de la vida democrática del país; de su independencia para resolver los diversos casos que conocen todos los días depende la debida impartición de justicia. Hoy en día, los ciudadanos están más atentos a la actividad de los órganos jurisdiccionales y han incrementado su interés por conocer cómo juzgan los jueces en México. También ha aumentado la crítica a través de las redes sociales cuando se considera que el juez no resolvió conforme a Derecho ni con independencia.

El conocimiento de la actividad jurisdiccional ha propiciado un intenso debate sobre el papel que deben tomar los jueces en la construcción de las políticas públicas que influyen en la vida de los mexicanos. Algunos opinan que no corresponde a los jueces ni el diseño ni la implementación de esas políticas; por el contrario hay quienes consideran que sus decisiones sí inciden en ellas. El debate radica en el riesgo que implica la influencia de las decisiones judiciales en la vida pública del país, la construcción del llamado gobierno de los jueces; idea concebida bajo la perspectiva del poder de influencia de los jueces en los acontecimientos políticos.

Este riesgo es prácticamente inexistente, ya que si bien, los tribunales federales poseen mecanismos de revisión constitucional respecto de los actos de los demás órganos de gobierno, ello no es más que una manifestación de una sana división y equilibrio de Poderes. Así lo concluyó recientemente la doctora Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quien señaló que el aumento de esfera competencial de la jurisdicción constitucional, ha abierto caminos de incidencia e influencia del Poder Judicial en la vida del Estado en beneficio del equilibrio frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Esta visión de Estado ha evolucionado y se ha complementado con la aparición de Organismos Constitucionales Autónomos como el propio Inai, independientes de los tres Poderes tradicionales, pero lo suficientemente relacionados para fomentar un sistema de contrapesos necesarios en una democracia moderna, en la que ninguna institución está encima de otra y en la que todas deben rendir cuentas.

No obstante, el anhelo de un Estado de derecho solamente puede ser alcanzado cuando la adecuada división y balance entre Poderes, se complementa con mecanismos internos de control efectivos. Sobre esta base, el Poder Judicial de la Federación trabaja en la detección y sanción oportuna de conductas que comprometen la imparcialidad e independencia de los jueces. Todos los días se monitorean y revisan las actividades de los órganos jurisdiccionales y se atienden las denuncias que los ciudadanos realizan ante el Consejo de la Judicatura Federal. La estricta aplicación de estos mecanismos de control ha llevado hasta la destitución de jueces de Distrito y magistrados de Circuito. El ejemplo más reciente lo encontramos en la resolución del recurso de revisión administrativa 1/2015, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de separar de su encargo a un magistrado federal que hostigó sexualmente a su personal. Con esa destitución no podrá ser juez federal jamás y se pone de manifiesto la protección de los derechos de la mujer.

La construcción del Estado de derecho es una misión prioritaria para los jueces, no para gobernar sino para lograr una efectiva división de Poderes.

Consejero de la Judicatura Federal