Puebla y la crisis del huachicol

Alejandro Hope

Sorprende que todo esto pase y pase y siga pasando, y la respuesta no llegue o llegue sólo en la forma de más personal militar

Varios venimos diciendo lo mismo desde hace meses: Puebla se está jodiendo. El motor de la joda, el factor central de putrefacción, es el huachicol.

Para los no iniciados, huachicol es combustible robado y huachicoleo es el acto de robar el combustible. Esa actividad ilícita y notoriamente peligrosa se puede hallar en buena parte de la geografía nacional, desde Campeche hasta Chihuahua. Pero el centro de gravedad de la economía del huachicol se encuentra en Puebla, específicamente en un corredor de municipios ubicado al este de la capital del estado y conocido como el Triángulo Rojo.

Y allí, en uno de los vértices del Triángulo, a hora y media de la muy noble, muy grande y muy leal ciudad de Puebla de los Ángeles, se encuentra Quecholac. No es un municipio particularmente notable: tiene 47 mil habitantes, pobres en su mayoría, y no mucho que admirar en sus linderos. No es tampoco la localidad más huachicolera: Tepeaca o Palmar de Bravo tienen muchas más tomas clandestinas.

Pero Quecholac se ha vuelto tal vez el mejor ejemplo de la crisis del huachicol. Allí puede encontrar uno muchas de las patologías del fenómeno. Allí son patentes ya los costos ambientales: una toma clandestina explotó en agosto pasado, ardió durante cuarenta horas y dejó durante días un lago de gasolina. Allí las autoridades municipales están sujetas a intimidación permanente por las bandas criminales: un regidor fue asesinado por huachicoleros hace tres meses. Allí también hay sospechas de que el alcalde pudiera estar coludido, de buen o mal grado, con los delincuentes. Allí ocurren graves actos de violencia de manera cotidiana: en enero, un cuartel de la Gendarmería fue atacado a balazos por pistoleros no identificados.

Y allí, sobre todas las cosas, el huachicol es ya una forma de vida y un fenómeno social. El asunto no es de policías y ladrones. Una buena parte de la comunidad participa, de una forma u otra, de la economía del combustible robado. Y se defiende cuando está atacada por la autoridad. En febrero pasado, un grupo de 300 personas, incluyendo a mujeres y niños, retuvo durante horas y casi lincha a una partida de soldados que habían intentado detener a unos chupaductos.

Entonces no, no sorprende lo ocurrido en Quecholac en los últimos días. No sorprende el trágico enfrentamiento que acabó con la vida de cuatro militares y seis civiles. No sorprenden los bloqueos carreteros y las movilizaciones de protesta en contra de las Fuerzas Armadas.

Lo único que sorprende es que todo esto pase y pase y siga pasando, y la respuesta no llegue o llegue sólo en la forma de más personal militar. Esto ya es una crisis que demanda mucha más imaginación que la desplegada hasta ahora por las autoridades.

 

Analista de seguridad

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