18 | ENE | 2020
Colombia está despertando y el gobierno de Iván Duque no tiene respuestas
Un manifestante protesta en honor a Dilan Cruz - Foto:Luisa González/REUTERS

Colombia está despertando y el gobierno de Iván Duque no tiene respuestas

29/11/2019
18:20
Gabriel Moyssen
Ciudad de México
-A +A
El agotamiento de un modelo democrático formal basado en un bipartidismo conservador-liberal incapaz de cumplir las expectativas populares es evidente en Colombia, donde el gobierno del presidente Iván Duque lucha para articular una respuesta a la nueva ola de protestas en América del Sur

Read in English

El agotamiento de un modelo democrático formal basado en un bipartidismo conservador-liberal incapaz de cumplir las expectativas populares es evidente en Colombia, donde el gobierno del presidente Iván Duque lucha para articular una respuesta a la nueva ola de protestas en América del Sur.

El detonante de la crisis fue el paro nacional del 21 de octubre contra el “paquetazode medidas fiscales y económicas planeado por las autoridades, y la exagerada reacción del gobierno de extrema derecha y sus aliados empresariales, que llevó al cierre de las fronteras con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.

Sin embargo, millones de personas marcharon en toda Colombia en una manifestación histórica apoyada por sindicatos y estudiantes que fue seguida por la imposición del toque de queda en Bogotá, después de que las protestas continuaron y tres personas murieron, mientras otras 122 resultaron heridas.

Durante su campaña electoral en 2018, Duque, el líder más joven e inexperto del país en el último siglo, considerado por muchos un testaferro del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), prometió bajar los impuestos, pero el plan presentado por Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, limitó el beneficio a transnacionales y firmas locales como Grupo Aval Acciones y Valores de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia con una fortuna de USD $11.3 mil millones de dólares.

El “paquetazo” aprobado por el Fondo Monetario Internacional incluye un aumento de impuestos para las clases trabajadoras y medias, así como la eliminación del salario mínimo, el incremento de las tarifas eléctricas y la privatización del sistema de pensiones, del espectro radioeléctrico y la industria petrolera.

Debido al amplio rechazo al programa y la caída de los índices de aprobación de Duque hasta 29%—alcanzaron 26% en octubre, de acuerdo con Gallup—, el gobierno trató de distanciarse de las propuestas; no obstante, su impopularidad también fue detonada por la renuencia a aplicar el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.

Uribe, Duque y otros dirigentes del partido Centro Democrático (CD) se opusieron al acuerdo desde que su negociación, promovida por el expresidente Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe en el Palacio de Nariño, comenzó en 2012; bajo el gobierno de Duque, los asesinatos de activistas, minorías étnicas y rebeldes desmovilizados se han reanudado entre escándalos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, actividad paramilitar y narcotráfico en las fuerzas armadas.

En agosto, Iván Márquez, antiguo negociador de paz de las FARC, anunció su retorno a la insurgencia; Duque intentó vincular al grupo disidente con Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, sólo para encontrarse en medio de otro escándalo al presentar pruebas falsas ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Paramilitares y drogas

La reputación de Álvaro Uribe y su “vicepresidente” quedó aún más mermada por el juicio contra el primero en la Corte Suprema de Justicia, que exhibió las relaciones de su familia con los escuadrones de la muerte paramilitares y narcotraficantes; durante los comicios locales del 27 de octubre, los candidatos del CD fueron duramente derrotados en Bogotá e incluso en su bastión de Medellín.

Por si fuera poco, el gobierno de Duque sufrió un grave golpe al inicio de este mes, cuando una investigación oficial reveló que ocho menores de 12 a 17 años de edad víctimas de reclutamiento forzoso murieron en el ataque aéreo a un campamento de la disidencia de las FARC en agosto, provocando la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Dilan Cruz, como las víctimas del campamento de las FARC en San Vicente del Caguán, también era joven. Tenía 18 años y estudiaba la preparatoria en el sur de Bogotá hasta el sábado, cuando una granada aturdidora disparada por el temido escuadrón antidisturbios ESMAD alcanzó su cabeza mientras marchaba pacíficamente en la capital colombiana.

La agonía de Dilan terminó el martes, un día después de su ceremonia de graduación en el colegio Ricaurte IED y horas antes de un nuevo paro nacional; su rostro se ha convertido en símbolo de la represión policial contra los manifestantes, pero también es un símbolo del movimiento inorgánico: una generación joven y globalizada, consciente del oscuro pasado de Colombia y determinada a construir un mejor futuro al exigir eficiencia a las autoridades.

Más de 250 profesores universitarios se hicieron eco de esta posición en una carta abierta el miércoles, al enfatizar la exigencia de una educación de calidad para todos, el cumplimiento total del acuerdo de paz y el rechazo a los intentos de criminalizar las protestas sociales.

Como resumió Manuel Zárate, estudiante de ciencias políticas en la Universidad de los Andes, “la Colombia violenta que normalizó la violencia y las mentiras sigue más vigente que nunca, pues ahora está representada en el gobierno nacional; ¿por qué en el gobierno? porque llegaron ahí haciendo lo que han hecho desde hace mucho tiempo, mentir y difamar, fieles a su estilo. Sin embargo, ahora la ciudadanía es diferente, la acción colectiva parece cobrar fuerza pese a los miles de líderes sociales asesinados vilmente a lo largo y ancho del país”.

Quizás impulsados por los ejemplos de ciudadanía activa de Chile o Ecuador, Zárate dijo a EL UNIVERSAL in English, “por fin dejamos el miedo y decidimos hacernos escuchar, porque los violentos, los vándalos, son la gente en el gobierno y nosotros nos rehusamos a fallarle otra vez a las miles de víctimas, nos cansamos de la guerra y de esa gente”.

Hasta ahora, la respuesta de Duque a demandas concretas, como el desmantelamiento del ESMAD, ha sido lenta y vaga. El exsenador, que rechazó recibir a grupos indígenas en Nariño tras manifestaciones masivas en marzo pasado, llamó a una “conversación nacional” de aquí al 15 de marzo, entrevistándose con gobernadores, alcaldes, legisladores y otros sectores que no participaron en el primer paro nacional.

No obstante, su reacción ha sido “una gota en el balde de agua de acusaciones y criminalización de la protesta social”, afirmó la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

“Tendrá que demostrar con acciones y no sólo palabras y declaraciones que su gobierno enfrentará los agravios expresados por buena parte del país”, observó la organización no gubernamental.

Al tiempo que las protestas han sido creativas y festivas, escenificando por ejemplo un “cacerolazo sinfónico” con la orquesta de la Universidad Nacional que interpretó la Novena Sinfonía de Beethoven, Duque rescató una promesa de campaña y propuso eliminar el IVA tres días al año

El miércoles, los dirigentes del Congreso, partidos políticos y el Comité Nacional de Paro (CNP) convocaron a Duque a conversar directamente con éste último. También acordaron que el Senado trabajará en las demandas del CNP respecto a temas de la agenda legislativa y del control político, reportó la radio colombiana.

Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria,central campesina integrante del CNP, destacó que el Senado comprendió la necesidad de negociar con los verdaderos protagonistas de la movilización social.

“La propuesta de Duque diluye la solución de los problemas que se están planteando y que respaldan millones en las calles”, añadió.

Editado por Sofía Danis
Más artículos de Gabriel Moyssen

Mantente al día con el boletín de El Universal