Candidatura de Maru Campos enfrenta 2 impugnaciones tras su proceso por “nómina secreta”

Chihuahua.- La candidatura del PAN-PRD para el gobierno del estado de Chihuahua , en la persona de María Eugenia Campos Galván , enfrenta hasta el momento dos impugnaciones ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) debido a su vinculación a proceso por el caso de la “nómina secreta” de César Duarte.

Una vez que el pasado sábado, el Instituto Estatal Electoral (IEE) declaró como válida la candidatura de Campos Galván, quien, el primero de abril fue vinculada a proceso por el presunto delito de cohecho, las dirigencias de Morena y Movimiento Ciudadano presentaron recursos legales en contra de la también alcaldesa con licencia.

A través de su dirigente estatal, Francisco Sánchez Villegas, Movimiento Ciudadano presentó un recurso de impugnación a la decisión del IEE de validar el registro de Campos Galván, toda vez que consideró la decisión como “inconstitucional ya que valida la candidatura de la corrupta Maru Campos, candidata del PAN”, pues asegura que no cumple con uno de los requisitos más importantes de un proceso electoral, como es “contar con un modo honesto de vivir, lo cual no puede acreditarse cuando tienen puerta un proceso por recibir dinero de manera ilícita”, enfatizó Sánchez Villegas.

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Por otro lado, Diego Villanueva, representante de Morena ante el IEE, informó que se tomó la decisión de impugnar la decisión del Instituto, aseguró que “la candidata incumple el modo honesto de vivir, los señalamientos de corrupción están constatados con el pronunciamiento de un juez”.

Ambos representantes coincidieron en que los consejeros locales no escucharon las exposiciones de las demás fuerzas políticas, por lo que esperan que los magistrados del Tribunal Estatal Electoral hagan valer la ley.

Cabe señalar que este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Movimiento Ciudadano bajar un spot de radio, televisión y redes sociales, en el cual se hacía alusión a estos hechos por parte de la candidata panista y que, a decir del órgano electoral, eran contenidos violatorios a las leyes, principalmente en lo referente a la presunción de inocencia.

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