17 | FEB | 2019
El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales detalla que se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga o promesa de dinero
El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales detalla que se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga o promesa de dinero. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

ONG denuncia compra de votos hasta por 10 mil pesos

30/06/2018
04:12
Pedro Villa y Caña
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La Ciudad de México y Jalisco, las entidades que más ofrecen; ONG señala que hay denuncias que involucran a todos los partidos en esta práctica

A dos días de la jornada electoral que se realizará en todo el país, la compra de intención de voto se ha disparado, puesto que de 500 pesos que se reportaban en mayo, los últimos días se ofrecían hasta 10 mil pesos en efectivo en algunas entidades, como la Ciudad de México y Jalisco, denunció Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

En un reporte dado a conocer ayer, ACFP —que agrupa a 60 organizaciones sociales, entre ellas el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Save the Children México, entre otras— detalló que de acuerdo con denuncias de la población en la plataforma Democraciasinpobreza.mx en la Ciudad de México, se compra el voto entre 200 y 10 mil pesos, mientras que en Jalisco este acto ilegal ofrece 500 y 10 mil pesos.

A esas dos entidades les sigue el Estado de México, donde presuntamente se han otorgado 5 mil pesos por un sufragio, seguido por Tabasco, con 4 mil pesos, mientras que en Oaxaca y Sonora se han entregado hasta 3 mil, precisa ACFP, integrada también por Alianza Cívica, México Evalúa, Cohesión Social, Centro de Estudios Ecuménicos, Gestión Social y Cooperación, Centro Mexicano para la Filantropía, Centro Lindavista y Fundación Merced.

En el reporte del 23 de mayo se tenía registro de que la mayor cantidad por la compra del sufragio era de 5 mil pesos en el Estado de México, mientras que en la capital del país el voto se compraba en 2 mil 500 y en Jalisco era de mil pesos.

La organización informó que hasta ayer había recibido 244 reportes de la supuesta compra del voto, de los cuales 36% describen reparto de cosas que van desde despensas hasta alarmas vecinales y cisternas; 33% son reportes que relatan promesas o amenazas de entregar o quitar los beneficios de algún programa social a cambio del voto; 26% por la entrega de dinero en efectivo, mientras que 5% son por el reparto de tarjetas electrónicas o monederos con promesa de depósitos en efectivo posteriores a la elección.

En la plataforma virtual se indica que una persona denunció que el 21 de abril, en la colonia Santísima Trinidad, de Zapotlanejo, Jalisco, una persona repartía 10 mil pesos en efectivo a cambio de entregar la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los estados en donde se recibe la cantidad más baja con la promesa de votar por algún candidato o partido político es en Baja California, donde se pagan 100 pesos, seguido por Tamaulipas, Colima, Quintana Roo, Hidalgo y Nuevo León, entidades donde se paga 500 pesos.

Cifras de la plataforma digital indican que en 30 estados de la República hay reportes de la compra de intención de voto para este domingo, mientras que solamente en Baja California Sur y en Durango no hay denuncias por este hecho.

ACFP considera que los reportes sobre compra de voto no ayudan a superar la pobreza de las personas y calificó estas acciones como inmorales e ilegales, por lo que pide detener de inmediato esta práctica y exhortó a las autoridades del INE, de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a incrementar sus labores de fiscalización, investigación y castigo.

“Nos proponemos monitorear, vigilar, visibilizar y prevenir el uso electoral de programas sociales para evitar que la pobreza y la desigualdad sean utilizadas como herramientas de control y manipulación política y se desvíe dinero de los programas de superación de la pobreza hacia operativos político-electorales”, insiste la organización.

Se acerca la fecha y aumenta el pago

En entrevista con EL UNIVERSAL, Héctor Rubio, responsable de incidencias de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, consideró que este aumento en la compra del voto responde a la presión que tienen actores políticos con la cercanía que se tiene del proceso electoral.

“La compra que se tiene de hasta 10 mil pesos por voto se explica por la cercanía con la jornada electoral, debido a que es una presión para todos los actores, por lo que hace que exista una mayor oferta y demanda de este tipo de acciones”.

Afirmó que con base a las denuncias que ha hecho la sociedad se ha detectado que prácticamente todos los partidos políticos han incurrido en la compra de intención de voto para este domingo “y quizá el factor con mayor poder de explicación que tenemos es que ahí donde gobierna un determinado partido coincide en su totalidad en que ese partido incurre en esa práctica, es decir, hay una correlación entre el color del partido que gobierna con el que incurre en estas prácticas”.

Informó que la plataforma virtual estará vigente durante la jornada electoral de este domingo y que se actualizará en tiempo real para que la población denuncie estos actos y que pueda ser un referente para que las autoridades encargadas puedan responder a estas denuncias.

Héctor Rubio confió en que este proceso electoral sea el último en donde se hacen estas acciones ilegales, debido a que es ya es momento de que se deje de usar dinero público para estos fines.

El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales detalla que se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de dinero o mediante violencia o amenaza, “o a votar o abstenerse de sufragar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.

En el artículo 9 de la misma legislación indica que se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años al funcionario partidista o al candidato que ejerza presión a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma, y que durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral solicite votos por paga, promesa de dinero o recompensa.

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