El pasado 28 de julio, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentaron el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Se trata todavía de una propuesta y no de una regulación definitiva. Los lineamientos fueron publicados por la CRT el 24 de julio y estarán sujetos a una consulta pública que se lleva a cabo del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual la ciudadanía, especialistas, concesionarios y cualquier persona interesada puede presentar comentarios, opiniones y propuestas.
Te explicamos qué son los derechos de las audiencias, su función y cuáles son los puntos controversiales que han ocasionado cuestionamientos de organizaciones y especialistas que advierten posibles riesgos a la libertad de expresión.

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) define como audiencias a quienes perciben y consumen contenidos de audio o audiovisuales a través de los servicios de radiodifusión. televisión y audio restringidos.
Estos derechos tienen su fundamento en el artículo sexto de la Constitución, reformado en 2013 para establecer que la ley debe determinar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.
Actualmente, los derechos se encuentran establecidos en los artículos 250 a 253 de la LMTR, publicada el 16 de julio de 2025, la cual sustituyó la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
Entre los derechos establecidos por la LMTR están:
Los lineamientos determinan las reglas para hacer exigibles los derechos de audiencias y establecer cómo deben cumplir los concesionarios con obligaciones previstas en la ley. Las normas se aplican a servicios de radiodifusión, de televisión y audio restringidos.
Los concesionarios son las empresas, instituciones o personas que tienen el permiso para operar señales de radio y televisión. Esto implica que la regulación, por el momento, no se extiende a contenido publicado en internet, redes sociales o plataformas digitales.
La propuesta de lineamientos presentada por la CRT esta semana se concentra principalmente en tres mecanismos: los códigos de ética, las defensorías de las audiencias y los procedimientos para presentar y atender quejas.
El código de ética debe establecer los criterios editoriales y valores del medio, además de incluir medidas para proteger a grupos vulnerables y evitar discursos de odio y discriminación. Los códigos deberán inscribirse ante la CRT y publicarse en los sitios y medios digitales de los concesionarios.
Lee también Hay una IA que hackea sola; qué pasó, cómo lo hizo y qué tanto preocupa
Los lineamientos también establecen reglas más detalladas para las personas defensoras de las audiencias, quienes son las encargadas de recibir y procesar las quejas o sugerencias del público y cuando corresponda, emitir recomendaciones al medio. Los concesionarios deberán proporcionarles los recursos necesarios y garantizar su independencia e imparcialidad.
Además, según la propuesta de la CRT, las defensorías tendrían que publicar informes semestrales sobre las quejas recibidas, su atención y las recomendaciones emitidas. Los lineamientos también detallan un procedimiento para que las audiencias puedan presentar quejas sobre contenidos y programación, así como medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo con los lineamientos, la CRT será la autoridad responsable de vigilar que estas disposiciones se cumplan. En caso de violaciones a estos lineamientos, la Comisión podría imponer multas económicas que van desde el 0.01% hasta el 1% de los ingresos de la empresa infractora.
Al respecto, Luisa Alcalde aclaró el día de ayer que las sanciones serían “el último recurso”. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la aplicación de multas aún sigue en consulta pública, pues consideró que es la “parte más polémica” de la propuesta.
“Por eso se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción. Esta es la parte que se está abriendo hoy a consulta. Pero si se fijan, es sencillamente una persona en donde alguien se puede ir a quejar”, puntualizó la mandataria durante su conferencia matutina.
El proyecto de lineamientos también ha generado cuestionamientos entre cámaras empresariales, concesionarios, especialistas en telecomunicaciones y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión. Las principales preocupaciones se concentran en la posibilidad de que algunas disposiciones otorguen un margen amplio de interpretación a la autoridad reguladora y terminen ocasionando censura o autocensura.
Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) calificó a los lineamientos como "ambiguos” y alertó que “dan lugar a discrecionalidad". A través de un comunicado, la Cámara manifestó su apoyo al "mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias", pero al analizar lo que está a consulta pública, alertó de algunos puntos a corregir para evitar una "regresión democrática".
Lee también Rosa Icela Rodríguez y general Trevilla acuden a Montaña Alta de Guerrero; convocan a retirar armas
“El Proyecto permite al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad", señaló la CIRT.
Por otro lado, la Cámara consideró que el "recurso de inconformidad" planteado en los lineamientos podrá revisar las decisiones de defensores de audiencias y con ello, terminará incidiendo en qué contenidos se pueden transmitir y cuáles no.
De acuerdo con los lineamientos, si la persona defensora de las audiencias deshecha una queja, la audiencia tienen el derecho de presentar un recurso de inconformidad ante la CRT.
Este organismo regulador contaría con la facultad de revisar, modificar o anular las decisiones de la persona defensora y, en caso de emitir una resolución a favor de la audiencia, los concesionarios estarían obligadas a acatar lo ordenado en un plazo máximo de cinco días hábiles.
En entrevista para EL UNIVERSAL, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, también expresó su preocupación por los lineamientos. “El tema es que estos lineamientos van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar que cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas y ambiguas que dan pie para que el gobierno imponga nueva sanción, o sea, imponga sanciones adicionales a las que establece la ley, pero además quien las va a aplicar es el propio gobierno”.