El alcalde de Nueva York , Bill de Blasio , promulgó el lunes una ley que obliga a las plataformas de alquiler de vivienda a corto plazo, como Airbnb, a proporcionar datos de sus anfitriones a las autoridades, y así poder aumentar las rentas del vecindario.

La capital financiera de Estados Unidos es la última de una larga lista de ciudades que coloca a sitios como Airbnb en la mira ante la reacción global contra las startups de economía colaborativa que perturban la industria hotelera tradicional.

La resolución entrará en vigencia en 180 días y se aplicará a todos los sitios de alojamiento . Sus partidarios argumentan que la nueva norma acabará con los alquileres ilegales a corto plazo que, según ellos, provocan un aumento en los precios haciendo que la vivienda sea aún menos asequible en una ciudad ya de por sí cara.

 

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Airbnb

acusa al poderoso lobby hotelero de la Gran Manzana de promover la legislación, argumentando que la mayoría de los anfitriones son neoyorquinos y que intentan ganarse la vida rentando habitaciones en sus casas .

La ley exige a las plataformas de alquiler a corto plazo que proporcionen a las autoridades locales datos sobre las transacciones e impone una multa mil 500 dólares, por listado y por mes ante cualquier informe inexacto. Además, la plataforma asegura que el proyecto de ley representa una violación irrazonable de la privacidad de los usuarios.

Nueva York

es el mayor mercado de alquiler de

Airbnb

en Estados Unidos.

Josh Meltzer, jefe de política de Airbnb para la región noreste de Estados Unidos, dijo que están decepcionados porque De Blasio defendió al lobby hotelero en lugar de "la clase media de Nueva York que depende de compartir la vivienda para sobrevivir".

"Muchos propietarios responsables se enfrentan actualmente a una inspección agresiva y sin control, y están temerosos por lo que sucederá bajo esta nueva legislación".

 

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El estado de Nueva York ya endureció las normas en 2016, aplicando fuertes multas a aquellos que alquilan apartamentos desocupados por menos de 30 días, a menos que el propietario o arrendador esté presente.

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