ASF acusa deficiencias en los programas de becas y apoyos en el sector cultural

Una carencia de disposiciones legales desde la Secretaría de Cultura federal que definan la preservación del Patrimonio Cultural en México; graves deficiencias en el diseño y operación del programa presupuestario S268 conocido como Programa de Apoyos a la Cultura, en todas sus vertientes como el PAICE, PACMIC, Ciudades Patrimonio, PROFEST y Apoyos y Donativos; son algunas de las observaciones y conclusiones a las que llegó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el sector Cultura.

Según los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, en la que fueron fiscalizadas también algunas áreas del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se señalan varias recomendaciones, observaciones e incluso sugerencias a la Cámara de Diputados, en materia de Preservación del Patrimonio Cultural.

En ese rubro, la ASF determinó 18 observaciones, 81 recomendaciones al desempeño y cuatro sugerencias a la Cámara de Diputados, pues tras la evaluación, la auditoria concluye que no todo el patrimonio cultural del país se encuentra catalogado y registrado, pero además no se cuenta con certeza jurídica para su preservación.

De ahí que se sugiere a la Cámara de Diputados, por ejemplo, elaborar un proyecto de ley reglamentaria o que “se reforme la legislación federal vigente para que se regule la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial” de nuestro país; otra sugerencia es que se reforme el artículo 45 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para que el INBA tenga atribuciones para preservar los monumentos y zonas con relevancia histórica que sean posteriores a 1900.

En cuanto al programa presupuestario S268 conocido como Programa de Apoyos a la Cultura, en todas sus vertientes como el PAICE, PACMIC, Ciudades Patrimonio, PROFEST y Apoyos y Donativos, entre otras vertientes, en general presentan “deficiencias en su diseño y operación”.

La Auditoría fiscalizó también los trámites y servicios que contribuyeron a la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor y determinó que la dependencia realizó trámites en materia de protección, servicios de registro y promoción y fomento y efectuó procedimientos de solución de controversias, pero no garantizó la certeza jurídica de los autores y titulares de los derechos conexos y patrimoniales.

Además, careció de un Programa anual de visitas de inspección, con lo cual no previó y terminó con sus posibles violaciones, ni aseguró que las autorizaciones de los trámites de protección cuenten con los requisitos establecidos para su atención; tampoco dispuso de los medios que le permitieran clasificar el registro de obras por rama artística, ni contó con los diagnósticos de verificación para evaluar su contribución en la creación artística, y no dispuso de la evidencia que acreditara la disminución del presupuesto ejercido respecto del original, ni del gasto del 18.7% (1,134.6 miles de pesos) de los 6,065.70 miles de pesos erogados en ese año.

En el INAH y en el INBA la dependencia encontró deficiencias en el otorgamiento de becas y en la atención a estudiantes. De acuerdo con la ASF, el INAH aun cuando benefició a 939 estudiantes con becas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” no demostró haber contribuido a asegurar mayor cobertura de estudiantes y que fomentó la permanencia y el egreso escolar de la población estudiantil en situación de vulnerabilidad en su nivel educativo, ya que el programa presentó deficiencias en su diseño y operación, así como omisiones e inconsistencias en la información que sustentó la aplicación de los recursos por 9,200.7 miles de pesos reportados como ejercidos,

Mientras que el INBA no acreditó su incidencia en la atención del problema público relacionado con la deserción de los alumnos de iniciación artística, de educación media superior y superior. Y se recomienda a la institución que rediseñe el Programa Nacional de Becas, a fin de que identifique con precisión a la población objetivo; fortalezca sus mecanismos de control y elimine las deficiencias, omisiones e inconsistencias, de la información en la aplicación de los recursos del programa, en la aprobación de las becas y, con ello, contribuir a asegurar mayor cobertura de estudiantes y fomentar la permanencia, la continuación y el egreso escolar de la población estudiantil en situación de vulnerabilidad en sus niveles educativos.

Finalmente, la Auditoría señala que el INALI no acreditó su contribución a promover el fortalecimiento, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas mediante su conducción a efecto de atender el problema del riesgo de su desaparición, mediante la operación “Educación y cultura indígena”, ya que, aun cuando diagnosticó y clasificó el nivel de riesgo en el que se encuentran las lenguas indígenas nacionales, la planeación de la política pública presentó inconsistencias en la cuantificación de las lenguas en muy alto riesgo de desaparición.