Detectan probable fraude en Cultura

La ASF indica que el Programa de Apoyos y donativos otorgó 226 mdp a proyectos que no se realizaron y que la Secretaría de Cultura no ha podido comprobar

Auditoría detecta un probable fraude millonario en Cultura
La ASF recomienda reformar “la legislación para regular la preservación del patrimonio cultural”. Imagen de la colonia Roma con daños tras el 19-S. ()
Cultura 22/02/2019 00:56 Yanet Aguilar Sosa Actualizada 10:13

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el programa de Apoyos y donativos que durante 2017 otorgó la Secretaría de Cultura a 308 proyectos municipales y estatales, 226 millones 667 mil 599 pesos corresponden a una probable defraudación y solicitan que sean recuperados. Estos corresponden, según la fiscalización, a proyectos culturales que no se realizaron, se hicieron cotizaciones falsas o alteradas; se dieron pagos en exceso, hubo dos beneficiarios que realizaron actividades de autobeneficio, y no se localizaron proveedores, entre otras anomalías.

Según la Cuenta Pública 2017, existe una defraudación por 63 millones 485 mil pesos en 34 proyectos. Pero además, hay otros 274 proyectos que fueron revisados y que representan 789 millones 238 mil pesos, en los que no se encontró documentación comprobatoria de la aplicación de 180 millones 283 mil pesos, aunque en el transcurso de la investigación, señala la Auditoría, se recuperaron 17 millones 100 mil pesos.

Por tal motivo, la ASF determinó tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 14 pliegos de observaciones y una recomendación.

Fiscalización de subsidios. Cabe recordar que durante los últimos días de 2018, la Cámara de Diputados aprobó un incremento de 500 millones de pesos para el sector Cultura, asignados expresamente a la partida S268, denominada “Programa de Apoyos a la Cultura”, es decir, para repartirse a programas como Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos.

El pasado miércoles, la Auditoria Superior de la Federación presentó la fiscalización a los subsidios que se otorgan a través de la partida S268, que en 2017 destinó 553 mil 919 pesos, y concluye que la Secretaría de Cultura “debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender parcialmente el S268”, pues en general no asegura el diseño de las reglas de diseño y operación.

Por ejemplo, en la vertiente de Apoyos a Instituciones Estatales de Cultura se erogaron 273 mil 423 pesos para financiar 458 proyectos culturales con las 32 entidades, pero la Secretaría de Cultura no pudo demostrar cumplir con la legislación en materia de subsidios, no garantizo el cumplimiento de los requisitos, y no acreditó el seguimiento de la ejecución de esos proyectos.

Cuando se aprobó el incremento a la cultura por 500 millones de pesos y se destinaron expresamente a la partida S268, especialistas de legislación cultural consideraron un acierto la decisión, pues señalaron que el programa tenía reglas claras; sin embargo para Cuenta Pública 2017 no es así.

En México hay 2 millones 96 mil 871 bienes del patrimonio cultural que custodia la Secretaría de Cultura y sus unidades administrativas, así como el Instituto Nacional de Antropología (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), sin embargo, al ser fiscalizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017, se concluye que el gobierno mexicano carece de disposiciones legales para la preservación de su Patrimonio Cultural.

Según la Auditoría, la Secretaría de Cultura no cuenta con un catálogo, ni siquiera de los 2 mil 752 bienes inmateriales que tiene a su cargo, y el INBA no dispone de información sobre el número de bienes que integran el patrimonio artístico. Otro ejemplo de la falta de disposiciones legales es que en 2017, el INAH registró la presentación de 35 denuncias penales por delitos cometidos contra bienes del patrimonio cultural a su cargo, y al cierre del año el instituto no había recuperado ningún bien y las investigaciones se encuentran en proceso.

Por todo ello, la ASF emitió 81 recomendaciones al desempeño, 18 observaciones y cuatro sugerencias a la Cámara de Diputados, con la finalidad de elaborar un proyecto de ley reglamentaria o que “se reforme la legislación federal vigente para que se regule la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial”.

Una sugerencia es que se reforme el artículo 45 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para que el INBA tenga atribuciones para preservar los monumentos y zonas con relevancia histórica que sean posteriores a 1900. Un pendiente casi histórico.

Autores sin certeza jurídica. La Auditoría fiscalizó también los trámites y servicios que contribuyeron a la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor y determinó que la dependencia realizó trámites en materia de protección, servicios de registro y efectuó procedimientos de solución de controversias, pero no garantizó la certeza jurídica de los autores y titulares de los derechos conexos y patrimoniales.

De compras y becas. La Impresora y Encuadernadora Progreso S. A de C.V, que es una entidad paraestatal dependiente de la Secretaría de Educación Pública y que edita la totalidad de los libros del Fondo de Cultura Económica, fue otra de las instituciones auditadas en su gestión financiera y operativa.

Uno de los contratos que más llama la atención es el sostenido con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por 249 mil 981 pesos para la compra de 3 mil 998 kits de estimulación temprana y 3 mil 187 kits de Evaluación de Desarrollo Infantil. Un convenio de compraventa curioso, pues se trata de una paraestatal dedicada a la impresión y encuadernación de libros.

Fiscalizan a INAH e INBA en materia de otorgamiento de becas y en la atención a estudiantes; los programas presentaron deficiencias en su diseño y operación, así como omisiones e inconsistencias en la información. (Con información de Alida Piñón)

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