Autoridades estatales y federales han compartido reportes y registros fotográficos que dan cuenta de la penetración lograda por cárteles de la droga en el corredor Cancún-Playa del Carmen, en Quintana Roo, el principal motor turístico del país y su rostro ante el mundo, en particular para millones de extranjeros que visitan la zona cada año.

En fotografías que figuran ya en expedientes judiciales en los ámbitos local y federal, puede observarse a políticos municipales, a empresarios ligados al sector inmobiliario e incluso a directivos de medios de comunicación frecuentando domicilios de narcotraficantes en la zona, particularmente el conocido ya como “Cártel de Cancún”, un desprendimiento de la mafia de Sinaloa, o del Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla el municipio de Solidaridad, donde está insertado Playa del Carmen.

Cantidades ingentes de capitales blanqueados aparecen en esos reportes como base para el desarrollo de hoteles, centros comerciales y zonas residenciales a todo lo largo del “corredor de oro” que atrae anualmente a entre tres y 10 veces más turistas que cualquier otro destino nacional.

De acuerdo con información confiada a este espacio, en Cancún existe el grupo Los Pelones, asesinos a sueldo que usan a la policía militar para resguardar el trasiego de drogas y otras operaciones, tal como ocurrió en otras regiones del país, especialmente en el Golfo, con la formación de Los Zetas, sicarios sanguinarios, muchos de ellos con antecedentes en filas militares.

El gobierno estatal de Carlos Joaquín González, que cumplió ya el primer tercio de su gestión, había dado señales de estar atado de manos ante el cruce de intereses criminales, políticos y económicos en la región, pero existen indicios de que ajustes internos y un acuerdo con entidades federales, en particular la Marina, han abierto una ventana de oportunidad para rescatar la zona.

La noticia más importante en años en esta materia es que se ha puesto en marcha un mando único bajo control estatal, y que el mecanismo inició operaciones precisamente en Cancún. El esquema es implementado por un nuevo secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, que ya tuvo esa responsabilidad en Tijuana y más recientemente en Morelos. Su designación fue avalada por la Marina y forma parte del nuevo esquema de colaboración.

Todavía en agosto pasado agencias norteamericanas incluyeron Cancún en una alerta a sus viajeros por considerar que áreas importantes de ese balneario son inseguras, incluso la zona turística, el sistema de taxis y desde luego, la interacción con las policías municipal y de tránsito. Incluso puede ser peligroso tener contacto con un cuerpo especialmente creado para cuidar a turistas, pero que hace todo lo contrario.

El panorama se agrava porque el anterior gobierno, que encabezó el priísta Roberto Borge, decidió virtualmente extinguir a la policía estatal, lo que puso el sistema de seguridad de la entidad en manos de las corporaciones municipales, las más expuestas a la cooptación por parte del crimen.

Otra constante inquietante, y cuyos efectos se viven aún, es que los escasos esfuerzos de seguridad estatal se concentraron casi exclusivamente en la capital, Chetumal, lo que mandó la señal de que el resto del estado podía pudrirse, incluso la zona Cancún-Playa del Carmen, la gallina de los huevos de oro de la entidad y del país en materia de ingresos turísticos. Los reportes disponibles revelan que de los pocos policías estatales que ahora patrullan la zona, en su mayor parte son originarios de Chetumal.

Fue en este contexto que el pasado lunes 5 policías municipales iniciaron un paro de labores que buscó abortar la reciente designación de un nuevo jefe de la corporación. Autoridades registraron comunicaciones entre los policías en paro y funcionarios municipales del cabildo que recién inició labores bajo el mandato Mara Lezama, una ex periodista de radio postulada por Morena que ha ofrecido respaldar acciones contra el crimen.

La noche del martes 6, una reunión de mandos locales, federales y militares sopesó el escenario de sustituir a toda la policía municipal, pero en la madrugada del miércoles los paristas —alertados por una filtración sobre lo acordado horas antes— depusieron su protesta. Ese mismo miércoles la alcaldesa Lezama anunció que suscribió el mando único para contar con una estrategia integral ante el crimen.

Las fuentes consultadas aseguraron que está en proceso investigaciones judiciales una treintena de mandos y efectivos de la policía municipal de Cancún. En las pesquisas ha sido incluido al menos un regidor del nuevo gobierno municipal.

El poder de las mafias locales y la penetración que han logrado en la política y la economía regionales podría frustrar el esfuerzo en marcha. Cancún estaría en su hora cero para ser rescatado, o entrar en un abismo que precisaría una generación entera para poder dar marcha atrás su actual postración.

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