Los desastres naturales ocurridos en las últimas semanas no pueden predecirse. Sin embargo, sus causas y consecuencias negativas pueden paliarse. Hoy nadie puede sostener razonablemente que el cambio climático es ficción. Lo sucedido hace unos días, evidenció también la profunda corrupción en la obtención de permisos y falta de supervisión de muchas de las construcciones que sufrieron daños.

Hace más de 22 años que se negoció el TLCAN, se pensaba que la protección al ambiente era un tema que no debería formar parte de un instrumento comercial ya que no se encontraba relacionado con esta materia. Dicho tema fue incluido, toda vez que Estados Unidos condicionó la aprobación del TLCAN a que se aceptaran dos acuerdos “paralelos” al mismo en materia ambiental o laboral. 22 años después, el ambiente debe ser prioridad de todos.

Por dar un ejemplo, el tema del agua. De acuerdo con expertos, la inestabilidad del subsuelo de la Ciudad de México es causada, entre otras razones, por la sobreexplotación de acuíferos subterráneos. Tan sólo hace unos meses el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos del Agua señaló en su informe, con respecto a la Ciudad de México, que: “el acuífero que abastece a la ciudad es el más sobreexplotado del país”.

Dicha situación podría agudizarse por la escasez de agua y la intensidad de las precipitaciones causadas por el cambio climático. Desde luego, tampoco habría que dejar a un lado el probable vínculo entre el cambio climático y los recientes huracanes. Así, la protección al ambiente dejó de ser una discusión norte-sur. México no solo debería aceptar compromisos en la materia sino tomar la vanguardia en la agenda ambiental internacional, desde luego de una manera compatible con sus compromisos comerciales.

Poco puede agregarse a lo ya dicho sobre la urgente necesidad de atender el problema de la corrupción. En el Acuerdo Transpacífico, México por primera vez acordó un capítulo sobre este tema. Aunque se trata de un capítulo con más buenas intenciones que disposiciones obligatorias es un paso en la dirección correcta. En la renegociación del TLCAN podría buscarse avanzar más sobre este tema. Sin embargo, atender el tema desde el lado del gobierno es tan sólo una parte del problema, se requiere también establecer obligaciones para el sector privado que tolera, fomenta y participa en actos de corrupción.

Desde luego, no se requiere un tratado para implementar políticas públicas que atiendan estos temas. Sin embargo, en algunos casos los propios tratados de libre comercio han facilitado la implementación de políticas públicas. Un ejemplo es el tema de compras del sector público en el que existe una diferencia notoria entre la transparencia y la legalidad de las compras federales (reguladas por TLC’s) y las compras estatales (que no se encuentran cubiertas por los mismos). Sea como sea, estos temas deben atenderse. La sociedad lo exige y es lo menos que se puede hacer por los miles de afectados por estas tragedias.


Profesor Titular. Facultad de Derecho. UNAM.
Ex juez del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio. 

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