Pemex y sus “coyotes” de lujo

Raúl Rodríguez Cortés

Conforme se acerca el cambio de gobierno se intensifica una guerra interna para imponer posiciones clave de mando en dependencias y organismos que históricamente han sido las grandes licitantes de multimillonarios proyectos de obra pública y concesiones al capital privado nacional y extranjero.

En ese campo de batalla lidian funcionarios del gobierno que se va, algunos de los designados del que viene, empresas, contratistas y partidos políticos, Morena principalmente entre estos últimos, por su condición mayoritaria en las cámaras del Congreso.

El gobierno que terminará en nueve días prohijó a una desmesurada cantidad de despachos jurídicos que en realidad funcionan como “coyotes” de lujo para cabildear contratos públicos y manipular litigios mediante el tráfico de influencias.

Pemex, por supuesto, no fue excepción. Su primer director en el actual gobierno, Emilio Lozoya Austin, alentó —según fuentes consultadas en la empresa productiva del Estado— la multiplicación de ese tipo de gestores. Lo hizo —agregan— apoyado en su jefe de oficina, Froilán Gracia Galicia, de su asesor ejecutivo, Rafael García Córdova, y del entonces director de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández García.

Entre esa plaga de “coyotes” de alto nivel está uno ampliamente conocido por funcionarios y empresarios de la industria petrolera, cuyo nombre nos reservaremos hasta obtener de él alguna respuesta a las acusaciones que se le enderezan.

El modus operandi consistía en engañar a los empresarios, haciéndoles creer que obtendrían contratos con Pemex, para lo cual gestionaban reuniones con altos funcionarios de la paraestatal, quienes aceptaban recibirlos por “instrucciones precisas” de la dirección general. Por dichas reuniones cobraban a los empresarios fuertes sumas de dinero. Algunos de ellos consiguieron trabajos pequeños y de poco valor para Pemex, pero las altas comisiones que exigía el grupo de “coyotes” hacía que los negocios fueran poco rentables.

Una caso sonado es el del ex contratista Jorge Daniel Salas Hernández, representante legal de la empresa Aquapress, recientemente sentenciado a 8 años de prisión, acusado por la PGR de utilizar datos falsos sobre el monto de los activos de la empresa y de haber falsificado un convenio modificatorio de un contrato con Pemex para obtener un crédito con Banobras de 91 millones de pesos, obtenido y utilizado para fines distintos a los comprometidos. Salas Hernández era representado por uno de esos “coyotes” para obtener contratos que surgieran de algún siniestro en Pemex y para los cuales se justificaban plenamente las asignaciones directas.

Es decir, las tragedias en Pemex eran capitalizadas por la mafia de cuello blanco para asignar y cobrar grandes comisiones por los contratos denominados “Proyectos J” en la hoy empresa productiva del Estado. Pero a pesar de haber pagado altísimas comisiones, Salas Hernández fue otro de los estafados que al final de cuentas no obtuvo los beneficios esperados.

Si AMLO y Morena hacen cumplir su promesa de acabar con la corrupción, la contratación de este tipo de despachos de gestoría debe quedar prohibida. Pero sus operadores ya se mueven para imponer en Pemex a mandos que sigan favoreciendo su negocio.

Uno de los contratistas que soltó grandes sumas de dinero a los coyotes de Pemex y que me confió esta información, asegura que recientemente se ha visto a los personajes de marras moverse entre Monterrey y Miami, en reuniones con empresarios donde hacen pública una supuesta relación cercana con Alfonso Romo, propuesto como jefe de la oficina del hoy presidente electo.

Pero conocedores de las anomalías aquí referidas, han empezado a correr la voz de la estafa dentro del empresariado de la industria energética y manifestado sus reclamaciones a quienes encabezarán al gabinete del sector propuesto por Andrés Manuel López Obrador.
 

INSTANTÁNEAS: 1. DOS DATOS. Surgieron de la entrevista que el programa Tercer Grado de Televisa le hizo el lunes al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Uno: que 95% del proyecto del Tren Maya esta sobre derechos de vía ya existentes, que el resto incluye rectificaciones en zonas suburbanas y rurales con planes específicos en mitigación ambiental y que, por lo tanto, no será destruida la selva. Y dos: que la aprobación del Congreso de Tabasco de otorgar adjudicaciones directas en el proyecto de la refinería de Dos Bocas sólo aplica para la preparación del terreno donde habrá de levantarse.
 

2. REFINERÍAS. Según el diario The Wall Street Journal, las refinerías en EU reportan utilidades anuales récord: Phillips 66 ganó mil 300 millones de dólares (143%), Marathon Petroleum mil 100 millones de dólares (118%) y Andeavor 515 millones de dólares (doce veces más que el año pasado). No es un fenómeno estacional como algunos en nuestro país argumentan, si nos atenemos a analistas estadounidenses que consideran a la refinación una verdadera “gallina de los huevos de oro”. Aquí se nos vendió la idea de que no era negocio refinar y que era mejor subcontratar, pero allá no ocultan el temor de las modificaciones que en el sector energético plantea AMLO, pues podrían reducir la demanda de exportaciones que hace México, ya que a esas refinerías hoy les compramos 76% de la gasolina que consumimos.

 

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