Las farmacéuticas y los operadores bisoños de AMLO

Dos de las tres empresas distribuidoras de medicamentos vetadas por AMLO el pasado 8 de abril por presuntos actos de “corrupción y tráfico de influencias” durante el gobierno de EPN, han obtenido de jueces la suspensión de la medida: una definitiva, para el Grupo Fármacos Especializados (Grufesa) y otra provisional, para Maypo. La tercera, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, se mantiene a la expectativa.

La suspensión del oficio 009/03/2018 dirigido el 20 de marzo a Raquel Buenrostro, la poderosa oficial mayor de Hacienda encargada ahora de todas las compras gubernamentales, la obtuvieron Grufesa y Maypo de los jueces de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni Goslinga y Agustín Tello, respectivamente, con lo que ganan así un primer round al presidente.

Las tres empresas, refirió AMLO, concentraron en el sexenio anterior 62.4% de las ventas de medicamentos al gobierno, por lo que ordenó el veto “hasta que sepamos si hubo corrupción y tráfico de influencias”. La lógica sugiere que debería ser al revés: primero comprobar los presuntos delitos y después vetar. De ahí que se interprete que podría haber otras razones para la prohibición: que entren a México medicinas más baratas, que se tenga mayor control del abasto y que se beneficie a un empresario (ver columna de mi compañera Ana Paula Ordorica: http://cort.as/-HZuE).

La primera intención es buena, pero enfrenta el riesgo de no acatar estándares internacionales, como aquí lo advertimos el pasado 5 de abril (http://cort.as/-HZv5). A la segunda se le ven
intenciones de control político. Y la tercera tiene nombre: Carlos Lomelí Bolaños, de Laboratorios Solfran, como aquí lo comentamos el 14 de noviembre pasado (http://cort.as/-HZwE).

Pero más allá de esos resortes políticos y económicos, el equipo de la 4T parece no tomar en cuenta impedimentos legales. AMLO impuso la censura por considerar “inmorales” los procesos de licitación de las llamadas Compras Consolidadas 2012-2018. ¿Pero eso tiene sustento legal? No, por lo visto. El Ejecutivo federal no tiene la atribución de vetar o impedir que empresas participen en procesos de licitación, ni aplicar medidas “preventivas” por la sospecha de irregularidades. No existe argumentación jurídica ni en el Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe los monopolios en México, ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tampoco en el artículo 89 de la Constitución que especifica las atribuciones del presidente ni en las leyes de Obras Públicas, Federal de Competencia Económica, Adquisiciones y Responsabilidades Administrativas.

Acaso por eso, la propia oficial mayor de Hacienda había negado, días antes del veto presidencial, que Grufesa, Maypo y Distribuidora Internacional tuvieran impedimento de participar en la licitación de las Compras Consolidadas.

Por si otra razón legal faltara, la medida de marras es contraria al artículo 134 constitucional, el cual establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que “libremente” se presenten propuestas solventes, en donde se garanticen las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento.

Tocaría a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) como órgano autónomo, pronunciarse sobre eventuales prácticas monopólicas en este caso y a la Secretaría de la Función Pública inhabilitar, si se demuestra que ha habido incumplimiento de contratos. Mientras no sea así, todo lo demás es arbitrario. Decisiones fallidas de operadores bisoños.

Instantáneas: 1. MOVILIDAD. En ese ámbito de las decisiones fallidas y los operadores bisoños, menudo problema tiene la autoridad de movilidad de la Ciudad de México, encabezada por Andrés Lajous. En el horizonte cercano está una amenaza de paro de los taxistas registrados y piratas, así como la franca rebelión de los que operan mediante plataformas electrónicas. Le cuento la historia en la próxima entrega.

2. DISCULPAS. ¿Se acuerda del caso de Lesvy Berlín Orozco, la joven de 22 años cuyo cadáver fue encontrado en CU el 4 de mayo de 2017 y respecto a cuyo asesinato la PGJDF sugirió vía Twitter que había sido por culpa de la conducta de la propia víctima? La procuradora Ernestina Godoy ofreció ayer disculpas públicas a sus familiares, pero ¿estará enterada que las responsables de esa publicación, Marisela N y Cinthya N, siguen trabajando en el área de Comunicación Social de la dependencia?

3. LESA HUMANIDAD. Como le adelanté aquí, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya ya recibió la denuncia presentada por la defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca contra el exgobernador Ulises Ruiz por delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas sociales ocurridas en este estado en 2006 y 2007. Como coacusados están los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

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