La política de paz y seguridad emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasa por un momento político decisivo.

Su justa antihuachicol goza de un amplio respaldo popular y la defensa de la iniciativa de la Guardia Nacional, recién aprobada por la Cámara de Diputados -con el voto absurdo del PRI-, legitima la presencia militar para los escenarios críticos del sexenio: las fuerzas armadas tienen la confianza presidencial para recuperar progresivamente el control del territorio nacional y la rectoría del Estado en temas sensibles anti corrupción que acomete este gobierno.

La participación y protagonismo castrense, el énfasis de la militarización en la estrategia presidencial, supone en realidad una nueva prueba de fuego, tal vez la última, para que las fuerzas armadas reinventen sus métodos y parámetros de formación, actuación e interlocución con una sociedad ávida de protección y justicia. Gozan de un presupuesto ampliado como nunca, prestigio, pero tienen un reto ambicioso en materia de derechos humanos.

Al mismo tiempo, el gobierno federal abre un compás ético para que las corporaciones policiales, los gobiernos de los estados / municipios, los órganos formativos de adiestramiento, capacitación y profesionalización actualicen sus capacidades institucionales y construyan sinergias de corresponsabilidad en el nuevo esquema de mando que deberá asentarse jerárquica, regional y circunstancialmente.

Las realidades del país ya no aceptan más simulación en los actores de la República; la data nacional de la información delictiva y la actualización de indicadores sociales de la violencia deben realizarse con profesionalismo y credibilidad: el reto también es para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Así, la política presidencial pasa por cuatro grandes coordenadas apremiantes que deben valorarse para acompasar la conformación de la Guardia Nacional: I) control de la capacidad de las agencias estadounidenses de permear la narco economía e instituciones de seguridad en territorio mexicano; II) rehabilitación de la fiscalía general de la República hoy desmantelada; III) progresiva conjunción y desdoblamiento coordinado de las policías federal, estatales, recreación, de las policías de caminos, fiscales y migratoria en torno a sus potencialidades de investigación, administración de información sensible, fuerzas de reacción de élite, especialización anticriminal, capacitación y respuesta operativa en entornos complejos y IV) delimitación de la policía municipal a una esfera de gestión de conflictos cívicos y de prevención pro activa.

La oxigenación de la política de seguridad lópez obradorista puede abrevar el aprendizaje de la experiencia internacional de la cultura de paz, el reconocimiento de la evidencia de buenas prácticas para la prevención social de la violencia, la desmilitarización gradual de la seguridad pública, el fortalecimiento del CISEN [ahora Centro Nacional de Inteligencia], el aprovechamiento de experiencias para la aplicación diferenciada en las entidades del esquema del mando único estatal; ejes claves aunque insuficientes, para lograr articular una estrategia más eficaz hacia un fin mayor: un proceso democrático de pacificación.

Tal como se avanza en desmantelar la corrupción sistémica, es necesario repensar la política social y la política de conciliación como pilares de un proceso democrático de pacificación nacional: inversión en al menos cuatro veces más del presupuesto 2019 actual al sistema federal de atención a víctimas; construcción de un consejo ciudadano de conciliación nacional, en el que especialistas de lo social, la prevención de la violencia de género y el desarrollo comunitario, puedan pautar la escucha íntima y la atención personalizada, las preguntas / demandas que no encuentran respuestas institucionales, el despliegue de esfuerzos de atención especializada para el consuelo, la comprensión de los diálogos anegados por la incompetencia gubernamental o acallados por la criminalidad.

Un proceso democrático de pacificación nacional exige una política de reconciliación realista, la atención multidisciplinar de la dimensión emocional y comunitaria en el reconocimiento del dolor social y de las familias asociada a los temores colectivos: una ética de la atención, acompañamiento y resiliencia de la aflicción, por lo que han dejado a su paso los procesos de violencia / orfandad social y de Estado que prevalecen.
 

Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. 

Juan Carlos Reyes es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y profesor de Teoría del Estado.

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