El desenlace del caso de corrupción de Odebrecht en México está próximo a ocurrir, según versiones de funcionarios cercanos al caso. La intención del gobierno federal es asestar un golpe contundente antes de que termine el año y encarcelar a los ex directivos de Pemex que recibieron los sobornos de la constructora brasileña.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), al mando de Arely Gómez, es la dependencia que tiene más avanzado el expediente con las anomalías cometidas durante las administraciones de Emilio Lozoya Austin y Juan José Suárez Coppel.

En las últimas semanas, la SFP ha dado cuenta de las investigaciones que sigue en torno a este caso. El 19 de septiembre reveló que se documentaron irregularidades administrativas por 119 millones de pesos en el contrato otorgado a Odebrecht para reconfigurar la Refinería de Tula y puso los reflectores sobre directivos de Pemex Transformación Industrial. La información pasó desapercibida debido al terremoto que sacudió al país.

El 8 de octubre, la dependencia dio a conocer nuevas irregularidades administrativas, ahora por 2.5 millones de pesos, en la ejecución de uno de los contratos de obra en la Refinería de Tula e inició dos procedimientos de sanción en contra de los probables responsables.

En total, la SFP ha ejecutado seis procedimientos desde que comenzó la investigación en diciembre pasado.

Uno de los giros en las pesquisas de la SFP y la Procuraduría General de la República (PGR), al mando de Raúl Cervantes, es el seguimiento a funcionarios panistas con los que Odebrecht habría iniciado el entramado de corrupción que se profundizó con el PRI.

Se trata de tres importantes ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, entre ellos su ex secretario de Energía, Jordy Herrera, quien también fue director de Pemex Gas y Petroquímica Básica; Ian Malo Bolívar, su entonces coordinador de asesores y el propio ex director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

El actual consejero independiente mejor pagado de Pemex, Jorge Borja Navarrete, habría sido un personaje clave en la relación transexenal de Odebrecht y la petrolera mexicana. En abril del 2009, habría colocado a Leonardo Cornejo Serrano —hoy uno de los principales funcionarios investigados por la SFP y la PGR— como subdirector de Proyectos de la dirección corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Pemex.

Borja Navarrete dejó de ser directivo de Pemex a inicios del 2010 y después fue propuesto como consejero independiente por el presidente Enrique Peña Nieto.

En junio de ese año, Cornejo Serrano comenzó a trabajar en Pemex Refinación como subdirector de Proyectos.

Desde esa posición fue designado administrador del proyecto para la ampliación de capacidad de la Refinería de Tula.

El 15 de febrero de 2014, Pemex Refinación, a cargo de Miguel Tame —otro de los personajes clave en el caso— adjudicó a Odebrecht un contrato por mil 436 millones de pesos para acondicionar y construir plataformas del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales de la Refinería Tula.

Más tarde, en noviembre del 2015, Pemex Refinación, la nueva unidad de Transformación Industrial, ahora al mando de Alejandro Martínez Sibaja —otro de los ex funcionarios que podría caer en desgracia por este caso—, otorgó nuevos contratos por mil 812 millones de pesos para construir los accesos y obras externas en la Refinería de Tula II.

Todos estos personajes están relacionados con el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, y su ex coordinador de oficina, Froylán Gracia. El mayor golpe que podrían asestar la SFP y la PGR es contra estos dos personajes, si logran comprobarles las acusaciones de corrupción. Arely Gómez, impulsada por Luis Videgaray, está decidida a llegar al fondo del asunto. Raúl Cervantes, que según el columnista de EL UNIVERSAL, Roberto Rock, tiene sus días contados al frente de la PGR, es quien se ha mostrado más reticente. La llegada de un nuevo procurador podría terminar de cerrar la pinza en este caso que ha exhibido internacionalmente al gobierno mexicano.

Tarifa de interconexión, en noviembre El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encabezado por Gabriel Contreras, ha avanzado en las propuestas de modelos de costos para fijar las tarifas de interconexión que tiene pendientes, entre ellas la más polémica: la que deberán pagarle los competidores a América Móvil, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le devolviera dicha atribución al regulador.

Desde hace un par de semanas, la Unidad de Política Regulatoria del IFT ha elaborado distintas propuestas que han sido analizadas por el pleno del Instituto en diversas sesiones. Se prevé que las nuevas tarifas se definan hacia finales de este mes y se publiquen en noviembre.

El escenario ideal, tanto para los operadores como usuarios, es que se le dé continuidad a la tarifa cero y que la empresa de Carlos Slim no cobre por las llamadas que terminan en su red; sin embargo, se prevé que el IFT trabaje en dos modelos de costos: uno para operadores como AT&T y Movistar y otro que considere las características del Agente Económico Preponderante. No existe un modelo de costos de interconexión perfecto, pero expertos coinciden en que el IFT debe asegurarse de que el modelo se incline por la máxima asimetría posible.

@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

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