Rosario Robles: verano peligroso en Cancún

Mario Maldonado

En septiembre de 2015, durante la presentación de las Zonas Económicas Especiales con los gobernadores del sureste del país, Enrique Peña Nieto se sorprendió del atuendo del quintanarroense Roberto Borge, quien vestía una guayabera verde cuando todos portaban la tradicional prenda de color blanco. 

“Beto, vienes uniformado con el general Miranda –entonces jefe del Estado Mayor Presidencial–”, le soltó el exmandatario, a lo que Borge respondió: “Yo sigo en pie de guerra, señor Presidente. Usted es mi general”.

Diversos hechos revelados posteriormente confirmarían los dichos del exgobernador de Quintana Roo, hoy encarcelado; pero no sólo Borge sería señalado como una de los principales financiadores de la campaña presidencial de Peña Nieto con dinero público, sino que se convirtió también en uno de los más asiduos promotores y acompañantes de Rosario Robles en su Cruzada Nacional Contra el Hambre, emprendida desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Los pendientes que la también extitular de la Sedatu acumula con la justicia son mucho más complicados de lo que, en el papel, han difundo en los últimos días sus abogados. 

El presunto desvió de recursos públicos, mediante el esquema bautizado como La Estafa Maestra, detonó diversas carpetas de investigación en los ministerios públicos estatales, algunas de las cuales tendrían mayor solidez que las de la propia Fiscalía General de la República.

Tal es el caso de la carpeta que integra la Fiscalía General de Quintana Roo, encabezada por Óscar Montes de Oca, en la que se indagan los acuerdos que la funcionaria estableció entre 2015 y 2016 con el gobierno de Roberto Borge, mediante los cuales terminaron transfiriendo 906 millones del erario público a un selecto grupo de empresas fantasma.

Las autoridades estatales dan seguimiento a dos onerosos convenios que Rosario Robles concretó con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, encabezada por Raúl Arístides Pérez, y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que llevaba entonces Gerardo Vázquez Handal; el primero por 97 millones de pesos y el segundo por la cantidad de 806 millones.

Ambos casos también han sido objeto de denuncia penal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares. Según las cifras que arrojó la revisión 16-E-23001-12-1701 a las finanzas estatales de Quintana Roo, el monto que los operadores de Sedatu y Sedesol diluyeron en la paradisiaca entidad fue el más amplio del que se tiene registro en cualquier otra parte del país; representa casi 23% del total de La Estafa Maestra.  

La investigación, que corre aceleradamente en la entidad que ahora gobierna Carlos Joaquín González, asume que los millonarios recursos provenientes del presupuesto federal habrían ido a parar a ocho empresas fantasma, relacionadas todas ellas con personajes cercanos al exmandatario Roberto Borge.

Se trata de las compañías Competencia y Habilidades para el Trabajo AC; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular SA de CV; Infotecnick SA de CV; Integración Documental SA de CV; Sistemas Informáticos, SA de CV; Comercializadora DW Prisma, SA de CV; Custom Performance SA de CV y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, SA de CV.

La mayoría de estas razones sociales justificaron la recepción de pagos oficiales mediante el apoyo para la producción de una supuesta campaña de comunicación de la Sedatu, en el modesto Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y con un costo superior a los 800 millones de pesos.

Es por ello que, aunque el juez Décimo de Distrito concedió ya un amparo a Rosario Robles para no ser detenida en el corto plazo, la amiga y fiel colaboradora de Enrique Peña Nieto tendría ya en puerta nuevos citatorios y procesos de mayor complejidad para su defensa, la mayoría radicados en Cancún, donde está la Fiscalía General de Quintana Roo. 
Verano peligroso para Rosario Robles. 

 
ConMéxico se autosaboteó 
La semana pasada, la Comisión Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado de productos con el objetivo de reducir los índices de sobrepeso y obesidad en el país. Simple y sencillamente el gasto en salud del gobierno para combatir padecimientos como la diabetes es insostenible. 

Esto se los dejó claro hace poco más de dos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con la industria, representada principalmente por la agrupación ConMéxico, la cual dirige Lorena Cerdán y preside Jaime Zabludovsky. 

Ante la inminente regulación y la tentación del Congreso y el gobierno federal de aplicarles un nuevo impuesto especial, ConMéxico ofreció al gobierno de la Cuarta Transformación tres cosas para suavizar las medidas.

La primera era contratar a miles de jóvenes, capacitarlos como educadores físicos y enviarlos a las escuelas; la segunda era rehabilitar parques y espacios públicos para hacer deporte, y la tercera implementar una campaña masiva para dar a conocer cómo leer correctamente los etiquetados actuales y promover la actividad física. Como pilón, las empresas insertadas en ConMéxico ofrecieron aportar varios minutos al día para que sus trabajadores hicieran ejercicio aeróbico. 

A la vuelta de los meses, las empresas no cumplieron con lo prometido y tanto el Congreso como el gobierno federal decidieron impulsar las iniciativas del etiquetado y probablemente un nuevo impuesto especial. 

En un último intento para que esto no se apruebe en septiembre, pidieron al Congreso realizar audiencias públicas para evitar lo que ahora parece inevitable. 
 
Sustentabilidad plástica
Esta semana, la empresa Anguiplast, de José Anguiano, llevó a cabo un congreso en Guadalajara, Jalisco, donde se habló de los retos que enfrenta la industria del plástico ante las tendencias prohibicionistas, así como la urgencia de mudar a una economía circular. 

Anguiplast, considerada la planta de reciclaje de bolsas más grande de América Latina, fue fundada hace casi 30 años en el municipio de Arandas y ha invertido en el Estado para fortalecer la economía de la región. A la fecha emplea de manera directa a unas 800 personas y basa su operación en pro del medio ambiente, ya que utilizan lo que se conoce como ‘basura’ para fabricar bolsas plásticas ecológicas, además de mantener un sistema de reciclaje de primer mundo.

 
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