Crecer 4% anual, ¿la utopía de AMLO?

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere pasar a la historia como un buen presidente de México. Así lo confesó en su primer discurso como virtual ganador de la elección. “Es mi ambición legítima”, dijo. Y para que el deseo no se convierta en pesadilla deberá cumplir con sus tres principales promesas de campaña: combatir al máximo la corrupción, reducir la pobreza y la desigualdad y mejor la calidad de vida de los mexicanos. Los tres ejes de su estrategia pasan por generar un mayor crecimiento económico.

El objetivo del equipo económico de AMLO es detonar un crecimiento económico anual de entre 3.5% y 4%, según me dijo quien se convertirá en el jefe de la oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo. No obstante, a menudo las promesas de los candidatos se estrellan con la realidad, como le pasó al presidente saliente Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a triplicar el crecimiento promedio anual de sus dos antecesores, de 1.7%, para llevarlo a 5%. La ilusión nunca se materializó y la administración actual concluirá el sexenio con un crecimiento promedio de 2.5%.

Enrique Peña Nieto y su ideólogo de cabecera, Luis Videgaray, concibieron un mayor crecimiento económico a partir de las reformas estructurales que lograron aprobarse e implementarse en los primeros 20 meses del sexenio. Fueron un total de 11 cambios estructurales que supuestamente impulsarían la actividad económica a ritmos de 5% o 6% anual, generarían mayor competencia y empleo y detonarían caudales de inversión nacional y extranjera.

Las reforma educativa, laboral, energética, de telecomunicaciones y de competencia fueron las cinco más relevantes; algunas de ellas, sin embargo, fueron contrarrestadas por los cambios en materia fiscal y financiera impulsados por el gobierno, los cuales, a decir de los empresarios, limitaron el crecimiento de algunos sectores productivos. De estas cinco, la laboral, de telecomunicaciones y de competencia fueron acaso las únicas que generaron beneficios tangibles en los bolsillos de los mexicanos, mientras que la educativa encontró un férrea oposición de los sindicatos y la energética no se reflejó plenamente en los precios de las gasolinas ni en las tarifas de luz. Esto, pese a que la apertura del sector de gas y petróleo generará inversiones por más de 150 mil millones de dólares en el mediano y largo plazos que beneficiarán a las próximas generaciones.

Ante este escenario, la gran pregunta para el nuevo gobierno es cuáles serán los verdaderos detonadores del crecimiento, sobre todo porque al menos dos de las reformas mencionadas –la educativa y la energética, consideradas por muchos analistas como las más importantes– están en riesgo de ser echadas por tierra.

Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, asegura que el combate a la corrupción y la descentralización de las compras gubernamentales generarán ahorros de hasta 2% en el PIB. Las estimaciones del doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin se basan en la estimación del Fondo Monetario Internacional en torno a que México pierde 2 puntos del PIB por corrupción, ineficiencia en el gasto o irresponsabilidad en el uso de los recursos.

Por otro lado, el nuevo gobierno pretende reorientar el gasto público: reducir los sueldos de los altos funcionarios y echar a andar programas asistenciales para los jóvenes, los discapacitados y los adultos mayores.

En cuanto al gasto en infraestructura, AMLO contempla un programa integral de inversión pública focalizada en la región sur-sureste. “El objetivo es que sus habitantes tengan mejores oportunidades de desarrollo laboral y acceso a bienes y servicios de calidad”.

Una de las mayores preocupaciones de los empresarios que han sido beneficiados por los gobiernos priístas y panistas deberá ser lo que el equipo del virtual presidente electo llama acabar con el “capitalismo de cuates”, pues parte del objetivo de “descentralizar las compras del gobierno” es privilegiar la participación de nuevas empresas en la generación de riqueza.

Carlos Urzúa y Alfonso Romo han dicho una y otra vez que el nuevo gobierno tendrá una política macroeconómica, fiscal y monetaria responsables, y que se respetará la autonomía del Banco de México (Banxico).

El gran reto será lograrlo mientras decenas de recursos públicos se canalizan a programas asistencialistas y el Estado interviene en asuntos como la fijación de precios en el sector agropecuario y en las gasolinas.

Por lo pronto, el primer año del nuevo gobierno no luce alentador, según las estimaciones de los analistas del sector privado consultados por Banco de México, quienes recortaron sus estimaciones de crecimiento económico para 2019 a 2.24% desde 2.34% anterior.

En tanto, el Grupo Financiero Banorte prevé un aumento del PIB de sólo 1.8%, debido a que históricamente se crece menos en el primer año de un nuevo gobierno.

No son los mejores pronósticos para el primer año de la nueva administración, pero los mercados financieros le darán a AMLO lo que denominan “bono democrático”: un periodo de gracia para ver cuáles son y cómo van a funcionar sus políticas.

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