El proyecto de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador nació estrellado. Apenas tiene 28 días que se puso en operación y dentro del nuevo organismo ya comienzan a revelarse confrontaciones, denuncias por corrupción y ventas de activos a empresas privadas.
 
Conformado el pasado 18 de enero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, Segalmex fusionó los recursos y la estructura de Liconsa y Diconsa para centralizar la compra y subsidio de productos agropecuarios en beneficio de los trabajadores del campo.
 
Sin embargo, desde el 17 de agosto de 2018 la nueva organización contaba ya con un director general que ejercía el cargo pese a no tener personalidad jurídica; se trata de Ignacio Ovalle Fernández, un ex funcionario priista que en 1977, como director del Instituto Nacional Indigenista, se convirtió en el primer jefe del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el servicio público.
 
Tan pronto lo anunciaron en el cargo, Ovalle Fernández convocó a sus antiguos colaboradores en la Conasupo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para comenzar a trazar el nuevo proyecto.
 
En específico, ofreció a Enrique Sada Fernández la coordinación del área de Liconsa y a Fernando Ordorica Pérez un cargo similar en la estructura de Diconsa; a ambos les encomendó la tarea de diseñar los presupuestos para la operación del organismo.
 
No obstante, del reencuentro salieron chispas, pues tanto Sada como Ordorica diferían en la manera en la que el futuro director canceló, sin haber recibido siquiera un nombramiento oficial, contratos de proveedores y vendió activos.
 
Una de estas operaciones la hizo con la empresa Lala, de Eduardo Tricio Haro, a la que le vendió una planta de Liconsa en Aguascalientes.
 
La bomba explotó apenas unos días después de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, el 1 de diciembre: tanto Enrique Sada como Fernando Ordorica fueron despedidos repentinamente del equipo por instrucciones directas de Ignacio Ovalle Fernández.
 
En respuesta, Sada inició una ofensiva contra el amigo y ex jefe del Presidente, en la que denunció ante la propia Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, actos de corrupción cometidos en el área de Liconsa desde septiembre del año pasado. Entre ellos destaca un contrato para la venta de 50 millones de pesos de leche fortificada y otro por 500 millones de pesos para la fijación de precios de transporte durante 2019, ambos autorizados por la dirección general, encabezada de facto por Ovalle Fernández.
 
Por el contrario, Fernando Ordorica buscó tender nuevos puentes con el director de Segalmex y aunque no consiguió ser restituido en su puesto inicial, Ovalle Fernández consideró la posibilidad de reincorporarlo en una posición de asesor.
 
El regreso nunca se concretó, pues el 14 de diciembre de 2018 Ordorica Pérez cayó de un caballo en el Club Los Encinos, accidente por el que lleva más de un mes internado en el Hospital ABC de la Ciudad de México, con fractura de cadera.
 
Demasiadas vicisitudes para un organismo que apunta a ser más que importante para la seguridad alimentaria que tanto le preocupa al Presidente.
 
Disney-Fox, portazo en Brasil

El martes, la agencia Bloomberg publicó una nota que da cuenta del difícil camino que está atravesando la alianza Disney-Fox para lograr que se apruebe su fusión en Latinoamérica. El titular lo decía todo: “El CEO de Disney viaja a Brasil para cerrar el acuerdo de fusión con Fox y se va con las manos vacías”.
 
Se refiere al poderoso Bob Iger, quien buscó presionar a los reguladores brasileños para que aprueben la fusión entre los gigantes de los contenidos, pero se quedó sin acuerdo. La concentración, coinciden expertos y reguladores en México y Brasil, afecta la competencia, particularmente en el mercado de contenidos deportivos.
 
Pero hay un ingrediente adicional que explica el millonario e intenso cabildeo de Disney, en la persona de su máximo ejecutivo: Iger se llevará 100 millones de dólares en acciones si la operación prospera.
 
CRE, negro panorama

Con las ternas enviadas al Senado para ocupar las cuatro vacantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente Andrés Manuel López Obrador ratifica dos mensajes clave al sector energético: el primero es que la prioridad de su gobierno en materia de energía es el petróleo, y el otro que el organismo autónomo tiene el riesgo de convertirse en una ‘oficialía de partes’ para la Comisión Federal de Electricidad.
 
Entre los 12 perfiles que AMLO turnó al Senado predomina la experiencia en materia de hidrocarburos. Seis candidatos son egresados de la carrera de ingeniería química, tres más de ingeniería industrial, le siguen dos economistas, un arquitecto y una ingeniera petrolera.
 
La trayectoria laboral de estos personajes, 10 de ellos relacionados con la empresa que hoy dirige Octavio Romero, cumple también con las intenciones de ‘petrolizar’ nuevamente al país y, con tan sólo una especialista en el sector eléctrico –Norma Campos Aragón–, se observa que prácticamente se le dará libertad de decisión al titular de la CFE, Manuel Bartlett.
 
El panorama en cuanto a nombres tampoco se muestra muy alentador para el impulso a las llamadas energías limpias, las cuales representan apenas 5% del total de generación del Sistema Eléctrico Nacional y, como consecuencia de un órgano colegiado inexperto en el tema, éstas podrían quedar totalmente estancadas.
 
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

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