Bartlett y la otra cruzada contra el huachicoleo

Mario Maldonado

Manuel Bartlett es la carta fuerte de Andrés Manuel López Obrador para librar la otra batalla contra el huachicoleo: la del robo de electricidad que le cuesta al Estado cerca de 26 mil millones de pesos al año. A diferencia del director general de Pemex, Octavio Romero, cuyo bajo perfil y poca experiencia política lo inhabilitaron en la guerra contra el robo de gasolina, el experimentado político, ex secretario de Gobernación, tomará el liderazgo en la nueva cruzada del gobierno federal.

Muy poco se ha sabido del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras su nombramiento, en julio del año pasado, cuando le llovieron críticas, mismas que salió a enfrentar de inmediato con frases como: “son descalificaciones estúpidas”, “son bots, son una minoría”. Integrantes del equipo de AMLO, como Tatiana Clouthier, cuestionaron su designación al frente de la empresa productiva del Estado: “Había mejores candidatos”.

Este martes, el también ex gobernador de Puebla volvió a los reflectores tras informar que renunció a una tercera parte del salario que recibe como director general de la CFE, con lo cual se adhiere a la política de austeridad del gobierno federal. Bartlett, sin embargo, salió de las penumbras para arrancar la nueva cruzada contra el huachicoleo eléctrico.

La semana pasada, su vocero Luis Bravo reunió a los medios de comunicación para avisar que venía una estrategia de combate contra el robo de electricidad. “Como en su momento dijo el director general de la CFE, Manuel Bartlett, los ‘diablitos’ son lo de menos, lo grave son los ‘diablotes’”, citó.

Y es que el gobierno de la Cuarta Transformación está contra las cuerdas si no combate eficientemente el robo de electricidad, debido a que el país está por agotar sus reservas de energía.

Según los números reportados en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032, la última medición de generación eléctrica anual alcanzó un total de 329 mil 162 Gigawatts por hora (GWh), mientras que el consumo de energía, también en el último año reportado (2017), fue de 309 mil 727 GWh.

Se estima que el año pasado se consumió un total de 319 mil GWh de energía eléctrica y en 2019 se estaría alcanzando el techo de los 329 mil GWh.

De ahí que para Andrés Manuel López Obrador sea prioritaria la anunciada modernización de las 60 centrales hidroeléctricas, en el ámbito de las energías limpias, y la habilitación del combustóleo como fuente de generación en plantas de ciclo combinado; esto ante el encarecimiento de otros suministros como el gas natural.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se dejó inconclusa una red de suministro estratégico de gas natural en la que se proyectaron inversiones por arriba de mil millones de dólares, y en la que se contemplaron ductos de distribución de alta prioridad como el Guaymas-El Oro o el Tuxpan-Tula.

Tal escenario obligará a la CFE a destinar en los siguientes dos años una inversión cercana a 5 mil millones de dólares en el Sistema Eléctrico Nacional, con el objetivo de asegurar el suministro que requerirán los mercados doméstico e industrial por lo menos hasta 2025.

Para cumplir con la meta se requiere de por lo menos dos premisas: la participación conjunta del gobierno y los capitales privados en los proyectos de generación y distribución de energía, y la disminución de las pérdidas ‘no técnicas’ sufridas por la CFE.

De acuerdo con los recientes números reportados por la empresa productiva del Estado, son alrededor de 26 mil millones de pesos los que se pierden cada año por la falta de pago de los usuarios o por el robo de energía a través de las conexiones ilegales.

Estos últimos casos son los que se estarían sentenciando con la estrategia prometida para abril, de combatir el huachicoleo de electricidad. Sin embargo, según los dichos del propio Bartlett, no habría persecución de los ‘diablitos’, sino de los ‘diablotes’ que han estado desangrando a la CFE con la anuencia incluso de funcionarios de la empresa.

La expectativa, al igual que en el caso de los combustibles, es regresar a la caja del Estado por lo menos 30% de esos recursos y, de paso, ya no cargar la mano a los empresarios, quienes como usuarios calificados tienen que sumar en sus tarifas de consumo un porcentaje de recuperación por el huachicoleo eléctrico.

 

 

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