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El vale de despensa de la UAM… y el neoliberalismo

La huelga de la UAM es como la punta de un iceberg. Hay malestar en el sector educativo, donde ya se han eliminado plazas y existen sospechas fundadas de que su presupuesto se libró por un tris de una guillotina mayor en diciembre
10/04/2019
02:25
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La extensión de la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana por más de dos meses (ha roto su propio récord de 64 días de huelga que data del año de 2008), es una expresión de una crisis latente en la forma de operar en la educación superior pública en general y de su sistema de remuneraciones.

Se ha buscado encontrar móviles políticos obscuros de personajes dentro de las autoridades o en el sindicato (el SITUAM) para explicar la terquedad para aceptar el aumento salarial ofrecido por la institución. ¡Se quiere destruir a la Universidad y el porvenir de miles de jóvenes! En nuestra opinión, la razón es más sencilla. Se intenta iniciar la reparación de una ya muy antigua deuda con el nivel de deterioro de los niveles salariales en México, y en las universidades. La oferta de la Universidad, que es la oferta de la Secretaría de Hacienda (3.35%, más otro aumento de 3% al sector de administrativos y trabajadores académicos de tiempo parcial), no indica una voluntad política de modificar la política salarial en el país, como parecía sugerir el aumento sustancial al salario mínimo (16%).

La crisis salarial en el país tiene larga data. En el fondo, es producto del fin de la ola expansiva de la posguerra (1945-1973), y una primera recesión internacional (1973-1975). En México, las repercusiones indujeron la devaluación de 1976, hacia el final del régimen de Luis Echeverría. Tras 22 años de estabilidad, el peso pasó de 12.50 a 20 por dólar.

Luego de un paréntesis ligado al boom petrolero, presidido por José López Portillo, la crisis reapareció con más fuerza en 1982 y su efecto se expresó en la ingobernabilidad de la deuda pública (que se contrató en el auge petrolero), la inflación galopante, y su corolario: la caída vertical de los salarios. López Portillo estatizó entonces a una banca en bancarrota

. De la Madrid y Salinas, sobre todo éste último, introdujeron la política privatizadora y neoliberal. Subastaron el sector público para reducir la deuda, retornaron la banca a sus antiguos dueños, y coronaron su actuación con el TLC (1994). La apertura acelerada del comercio exterior, se pensó, se vería fortalecida por la competitividad derivada de los bajos salarios. Desde entonces se decretó una suerte de ley de bronce para el salario. Primero se le despojó de la mitad de su poder de compra y luego se dijo que no podía subir por encima de la inflación, por fin controlada. Ninguna reparación.

¿Resultado? Una pobreza extrema para la clase trabajadora en el campo y la ciudad. En el curso del interregno de Zedillo, cuando se perdieron también los ferrocarriles, dicha pobreza estructural, detenida parcialmente con la emigración acelerada de paisanos a los Estados Unidos en los años de Clinton, proporcionó las condiciones para el florecimiento de la nueva economía del narcotráfico y la delincuencia, con la extraordinaria violencia que las acompaña, hasta hoy (considérese la cosecha de 25 muertos ayer sólo en Guanajuato). Con el TLC florecieron el comercio de automóviles y de drogas (ambos, cada vez más sofisticados), bajo los sexenios de Calderón y Fox. Con ellos creció también nuestra dependencia tecnológica, y alimentaria, mas no el salario real. Con Peña Nieto el neoliberalismo fue religión (y se enriqueció a su amparo). Pero, ¿qué tiene esto qué ver con la educación superior pública? Mucho.

La consolidación del neoliberalismo tuvo una repercusión amplia en la política de educación pública. Los presupuestos se contrajeron al ritmo del adelgazamiento del estado. En el caso de la educación primaria, la caída salarial apenas tuvo amortiguador. El SNTE pasó, con Salinas, a manos de “la Maestra” (que como el ave fénix vuelve hoy por sus fueros) y el deterioro de la calidad de los servicios educativos continuó su declive. Muchos mentores tuvieron que buscar trabajos complementarios para sostenerse. La oposición organizó a la CNTE. Desde los ochenta el doble-chambismo creció al unísono con los recortes al salario real, y no sólo entre los profesores de enseñanza básica. Incursionó también en la educación superior. En las universidades, donde era más difícil sustituir a los profesores de mayor calificación, se ideó el SNI (1984).

El SNI constituyó un freno para el deterioro salarial de una minoría y detuvo la sangría en varias universidades. Sus resultados, como en el TLC, han sido ambiguos. Por una parte, ha fortalecido la capacitación formal de nuevos doctores y elevado los estándares de la investigación. Por otra, al enfatizar el esfuerzo individual como base del éxito, y condicionar el perfil de las investigaciones a las demandas del “mercado”, el SNI ha fortalecido el principio de la competencia y la supervivencia del más apto. Los proyectos colectivos y la convivencia entre pares que caracterizó a la vieja universidad, fue sustituida por una carrera vertiginosa hacia el reconocimiento individual, y el menoscabo de la función docente. El propio SNI se estratificó, creando un mundo aparte para una pequeña minoría. Al mismo tiempo, acaso como resultado indirecto, el SNI socavó el desarrollo del sindicalismo académico. ¿Quién habría de optar por una participación político-sindical, a costa de su carrera académica y su salario? Muy pocos. Con el envejecimiento del SNI y de sus integrantes originales, se ha creado una bomba de tiempo asociada a la falta de una jubilación digna. Casi nadie se jubila ante la perspectiva de la pérdida de los estímulos económicos. La estratificación dentro de las universidades continúa.

¿Y el vale de la UAM, cómo se asocia con la huelga de 67 días? El vale puede servir como un parámetro para explicar sus causas. El actual vale de despensa es de 1181 pesos al mes. En la UAM, más del 50% de los trabajadores obtiene salarios inferiores a 12 mil pesos mensuales. Según un estudio de la profesora Guadalupe Zaragoza, basado en la información oficial de la institución, 5,012 trabajadores entran en este grupo. Para éstos, el vale de despensa representa hoy el 10% de su ingreso, como mínimo, o 20%, si se considera a los trabajadores que ganan 6 mil pesos al mes o menos. Estos último suman 1769, todos administrativos, más o menos la mitad del total de profesores. Para el grueso de éstos, cuyo ingreso fluctúa entre 40 y 80 mil pesos (podemos tomar una media de 60 mil), el vale representa el 2% de su salario. Cacahuates. Para el rector, que gana alrededor de 150 mil (un sueldo por encima del presidencial), el 0.7%. Hay aún unos cuantos funcionarios (15), que obtienen entre 180 y 200 mil pesos al mes. Menos que cacahuates. Estas cifras indican una distribución extremadamente desigual de los ingresos en la Universidad, situación no muy diferente que la del país. Una “solución” fácil sería proponer que se recorten los ingresos de funcionarios y profesores. No es esta la respuesta adecuada. Lo que se requiere es elevar los ingresos más bajos, que expresan el saldo de neoliberalismo anterior. Por definición, el neoliberalismo se orienta al adelgazamiento del estado. No es fácil entender una “austeridad estatal anti-neoliberal”. O un “neoliberalismo populista”, como le ha llamado Don Pablo González Casanova. Es preciso elevar el “salario mínimo” de la UAM, como el del país. Elevar el vale de despensa de la UAM, digamos en un 50%, o dejarlo como prestación exclusiva del sector administrativo, lo que solventaría de manera inmediata el conflicto. Sugeriría una voluntad de cambio político.

La huelga de la UAM es como la punta de un iceberg en el sector educativo. Hay un sentimiento de malestar en el sector, donde ya se han eliminado plazas y existen sospechas fundadas de que su presupuesto se libró por un tris de una guillotina mayor en diciembre pasado. Dichos presupuestos están sujetos hoy a escrutinio -y con razón- por la identificación de abusos, como la sospecha de lavado de dinero en la Universidad Autónoma de Hidalgo, por ejemplo. Pero una cosa son los abusos y otra las prioridades públicas. La educación superior pública y la cultura, tendría que estar entre ellas. Al mismo nivel que los “benditos” programas sociales propuestos por el nuevo gobierno. En ocasión de la conmemoración de sus primeros 100 días, el Presidente declaró que de ser necesario habría que pasar de la austeridad republicana a la “pobreza franciscana” por dichos programas, que habría que quitarse la camisa por ellos. Pues bien, habría que quitarse la camisa también por la educación. La educación superior pública es una de las palancas de movilidad social más importantes para las familias humildes. Adicionalmente, se trata de un instrumento indispensable para impulsar el crecimiento económico. Un crecimiento basado en el desarrollo tecnológico como instrumento para elevar la productividad del trabajo y su competitividad: como el de Corea, por ejemplo. Por supuesto, semejantes propósitos serían más simples si se optara por una reforma fiscal redistributiva, que ampliase el margen de maniobra del estado. Que estirase la cobija. Lejos de una “herejía comunista”, se trata apenas de una propuesta rooseveltiana, exaltada en otras ocasiones en los discursos.

 

Marcos T. Águila y Jeffrey Bortz
Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Appalachian State University en Carolina del Norte

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