En el caso Iguala la verdad es primordial

A tres años de los trágicos sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el dolor y el sufrimiento continúan latentes en los padres y familiares de los normalistas desaparecidos, la angustia se prolonga en el tiempo al no tener certeza sobre el paradero de sus hijos.

La colusión de al menos, autoridades políticas y policiales del municipio de Iguala y autoridades policiales de Cocula y Huitzuco, Guerrero, con la delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de drogas y al secuestro, propició que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, se desarrollara en esas demarcaciones una serie de hechos que se tradujeron en violaciones graves a derechos humanos dando como resultado la privación de la vida de 6 personas la lesión de otras 38 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Rural Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Los hechos de Iguala, Guerrero, evidenciaron el vínculo delincuencia-autoridad, dejando al desnudo el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad. “Iguala” evidenció la aparente normalidad que se vivía. Se tiene que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción.

El tema de la desaparición forzada en México, nos duele e indigna a todos, constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral, pues estamos ante una violación múltiple de numerosos derechos tales como el derecho a la libertad e integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Todo acto de desaparición forzada y su ejecución, inician con la privación de la libertad de la persona, la falta de información sobre su destino, y continúa hasta en tanto no se conozca su paradero.

En diversos foros he expresado la necesidad de armonizar la legislación nacional sobre esta materia y alinearla de acuerdo a los estándares internacionales, es innegable que el Estado mexicano no ha atendido oportuna y suficientemente las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas, respecto a la expedición de una ley que tipifique de manera adecuada el delito.

Al inicio de mi gestión, al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expresé mi compromiso de encabezar una CNDH cercana a la sociedad; exigente y demandante ante la autoridad; implacable ante aquellos que desde el poder enfrentan y atentan contra la dignidad de las personas; incómoda para aquellas autoridades que se olvidan de sus mandantes, y que han hecho del ejercicio público una actividad comodina y ventajosa para sus intereses.

Desde ese momento hice hincapié en mi compromiso con las víctimas y con los familiares de los normalistas, de atender a cabalidad estos hechos lo que implicó necesariamente, abordarlos desde cuatro ejes fundamentales: derecho a la verdad; derecho a la justicia; reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares y las garantías de no repetición.

El 11 de julio de 2016 este organismo publicó el Reporte de la CNDH en torno a los Hechos y Circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, Normalista de Ayotzinapa, fue Privado de la Vida, documento en el que plantearon 4 Observaciones a la PGR; 1 a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y 3 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El “Caso Iguala” es un expediente abierto, cuya investigación continúa, en la cual se debe considerar toda línea de investigación sustentada en elementos objetivos y científicos, por lo que no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acontecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en Guerrero. Con ello se propiciará la reparación del daño a las víctimas, así como que los responsables respondan ante las autoridades y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho.

La CNDH a través de la fuerza de la ley, la verdad y la moral, es la voz de aquellos que han sufrido en su dignidad violaciones a sus derechos humanos.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos