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Pluricorrupción electoral

Para minimizar la corrupción de la figura plurinominal no es imprescindible eliminarla, pero sí limitarla en una reforma electoral próxima
22/02/2018
01:56
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No causa mayor sorpresa saber la poca estima en que los ciudadanos tienen a la clase política. Esta mala reputación ha sido bien ganada. La selección de los candidatos en las listas plurinominales confirma la sospecha ciudadana de cómo los dirigentes de partidos ven la participación en los procesos electorales sólo en términos de sus propios intereses y no los de la sociedad.

La existencia de diputados y senadores plurinominales tuvo en el inicio como objetivo asegurar la presencia de minorías de pensamiento o de opinión en el Congreso. En un régimen puramente distrital se puede dar una situación en la que los partidos minoritarios no alcancen a ganar ningún distrito a pesar de tener una tasa de favorabilidad mayor a cierto nivel porcentual. Los diputados y senadores plurinominales permiten que todos los partidos tengan representación.

Con el tiempo, todos los partidos políticos han desvirtuado la figura plurinominal. Para empezar por el excesivo número de diputados y senadores de carácter proporcional. Hay un exceso de diputados, 200, de representación proporcional, así como de senadores más allá de los dos que representan a cada uno de los estados de manera directa. El exceso de congresistas plurinominales fue parte del costo que tuvo que pagar la sociedad, que es ahora excesivo, para procesar la reforma electoral en los años noventa.

Pero lo más grave es que los partidos políticos, sobre todo los cuatro más grandes, han convertido a las candidaturas plurinominales en fichas de negociación política y pago por el intercambio de favores. Casi como la corrupción que implica el regalo de notarías que hacen con frecuencia los gobernadores justo antes de terminar sus mandatos. Al usarlas de esa manera se desvirtúa por completo su propósito original de asegurar la presencia de minorías y se fortalece el control cupular de los partidos.

Pero el problema es aún mayor, ya que el uso que se da a las plurinominales agudiza el déficit democrático al permitir representación sin mayor participación electoral. Al analizar las listas propuestas por los partidos debería sorprender, aunque ya no lo hace, que los partidos postulen candidatos que uno pensaría podrían ser competitivos por sí solos en distritos electorales o en estados.

Es decir, los partidos, en un intercambio de favores, ofrecen posiciones en el Congreso a personas que, por su reconocimiento de nombre y trayectoria, bien podrían competir en una elección directa y, más aún, contribuir a incrementar el voto para el partido y el candidato presidencial. De hecho, las candidaturas plurinominales debieran servir para promover a personas de gran capacidad para diversos temas de política pública pero sin reconocimiento de nombre para competir de forma exitosa en una contienda electoral con el fin de complementar el capital humano en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero no, se utiliza un porcentaje de ellas para candidatos que debieran ser viables por sí mismos.

Sobran los ejemplos en las listas de plurinominales hasta ahora conocidas. Parece increíble, por ejemplo, que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ex candidatos a la presidencia, ex delegados, anteriores gobernadores, o senadores, o miembros del gabinete federal piensen que necesitan de una pluri para ser viables. ¿A poco creen que no saldrían electos en una elección directa? Si esto es así, el resto de los candidatos son mucho menos viables en una competencia justa y abierta. Una revisión de las listas propuestas por los partidos permite identificar a muchos candidatos que debieran aspirar a una representación directa; particularmente ahora que existe la posibilidad de reelección para congresistas y presidentes municipales.

El incentivo para no participar en la elección es doble: por un lado, para qué molestarse si la agencia de colocación les garantiza un puesto sin despeinarse, pero a cambio de su lealtad. Por otro, es posible que evalúen que no pueden ganar. Quizá ya han visto encuestas que la sociedad desconoce, o no tienen forma de allegarse de recursos legales para ser competitivos, o piensan que sus negativos no les permiten pedir directamente a los ciudadanos su representación. Si ése es el caso, ¿merecen la representación popular?

A todas estas formas de corrupción hay que añadir una más: la figura plurinominal también permite a los dirigentes de los partidos imponer a la sociedad una representación que no aprueba y que es impresentable. La lista contiene buenos ejemplos: líderes de la CNTE, Napoleón Gómez Urrutia, funcionarios salientes que buscan un refugio en el fuero y otros más.

Lo que no hay en las listas son perfiles ciudadanos a pesar de los golpes de pecho de dirigentes de partidos y coaliciones sobre su supuesta cercanía con la sociedad civil.

Para minimizar la corrupción de la figura plurinominal no es imprescindible eliminarla como algunos han propuesto, pero sí limitarla en una reforma electoral próxima. Lo más importante es reducir el tamaño de la Cámara de Diputados de 500 a 400 curules: 300 distritales y 100 proporcionales (con respecto a la votación total para todos los partidos, sin mínimos ni máximos). En segundo lugar, reducir el Senado a 64 senadores con elección de uno por estado cada tres años. En tercer lugar, asignar las presidencias de las comisiones sólo a diputados de elección directa, realmente representativos. En el mediano plazo, la posibilidad de presidir comisiones se volverá en un poderoso incentivo para que los mejores candidatos busquen la reelección. En cuarto lugar, evitar chapulines plurinominales al impedir saltos entre cámaras para ellos.

Esta reforma debe ser complementada con una mayor participación ciudadana en el proceso electoral con base en tres factores clave: uno, segunda vuelta para elecciones presidenciales, de gobernador y para el Congreso de tal suerte que las disputas postelectorales las resuelvan los ciudadanos y no los tribunales; dos, permitir la reelección sin veto por parte de los partidos por medio de elecciones primarias abiertas; y, tres, hacer efectiva la obligatoriedad ciudadana de votar del artículo 36 de la Constitución para hacer inviable la compra y coacción de votos (no les alcanzarían los recursos que hoy se dedican ilegalmente para la coacción del voto). La gran mayoría de los mexicanos no sabe que la Constitución hace obligatorio el voto ciudadano pero que la ley reglamentaria lo vuelve en la práctica optativo. La lección más importante de los resultados electorales en varios países del mundo en los últimos años es que el populismo tiende a ganar cuando pocos votan, pero que puede ser vencido si los ciudadanos se vuelcan a las urnas para expresar su anhelo de un cambio que proponga un mejor futuro pero sin falsas promesas ni salidas fáciles.

 

Twitter: @eledece
 

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