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La elección popular de los ministros

14/02/2019
22:42
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Los relevos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inscriben en el agitado proceso de cambios producidos por la alternancia en el poder.

El primer relevo fue el ministro José Ramón Cossío Díaz, reemplazado por el ministro González Alcántara. La siguiente sustitución, remitida al Senado para elegir la vacante, corresponde a la ministra Margarita Luna Ramos, que dejará el cargo el próximo 18 de febrero. Las aspirantes a sustituirla: Loretta Ortiz Ahlf, Cecilia Maya García y Yasmín Esquivel Mossa están siendo cuestionadas por distintos actores porque advierten una decisión a modo, por los precedentes de adhesión partidista o afinidad política con el Presidente, lo cual no deja de constituir una práctica que ha prevalecido e incidido en el funcionamiento actual del Poder Judicial de la Federación, en el sistema de nombramiento de los ministros.

La reforma Constitucional de 1994 ha regulado dicha práctica formal y materialmente de elegir por el Senado a los ministros de la SCJN a propuesta del Ejecutivo Federal.

No obstante, resulta una condición insuficiente para lograr la transformación que se ha propuesto el actual gobierno federal hacia un nuevo orden Constitucional democrático. Esta construcción ha despertado las expectativas de algunos legisladores para reformar la elección de los ministros a fin de que sea detonante y condensador de la independencia y autonomía de la SCJN, e impida cualquier pretensión de apoderamiento de la función judicial, además de que se fortalezca la división del poder y consecuentemente el poder controle al poder.

En efecto, en la agenda legislativa han empezado a entender y valorar la elección popular de los ministros. El pasado 11 de diciembre la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar los artículos 76, 89, 94, 95, 96 y 98 de la Constitución que, entre otros aspectos, prevé que los candidatos a ocupar el cargo de ministros sean elegidos a través del sufragio universal por mayoría simple de votos, con paridad de género, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice un proceso electoral para tal efecto, en términos de la lista de candidatos que sea aprobada por las dos terceras partes del pleno del Senado; los aspirantes serían designados de acuerdo con perfiles de elegibilidad e idoneidad, no realizarían campañas electorales y el INE se encargaría de difundir sus méritos.

La propuesta se inscribe en el trayecto histórico del constitucionalismo mexicano desde el siglo XIX. En la Constitución Federal de 1857, se dispuso que la elección de los ministros de la SCJN fuera a través de una elección popular indirecta, conforme a los términos de la ley electoral federal. Podrían participar como candidatos personas con el único requisito de ser instruidos en la ciencia del derecho y honorables.

Con ello, se ha comprendido que la alternancia en el poder significa algo más que el cambio de gobernantes, de gobierno y que, en realidad, se trata de un cambio hacia otro patrón de gobernar democráticamente, otra forma de representar la voluntad jurídica y política de la ciudadanía en la función judicial de elegir a los ministros de la SCJN.

Esto implica aprobar en la agenda legislativa el cambio hacia otro orden constitucional, que hay que hacer vigente y efectivo, cuya importancia crucial deriva de uno de los problemas que se creyó había sido resuelto en los tiempos pasados, con la elección de los ministros dada por la intervención del Ejecutivo y Legislativo, empero ha llevado a prácticas cuestionadas que ha conducido a conformar un órgano colegiado jurisdiccional proclive a las decisiones de las políticas del gobierno Presidencial y con ello se llegue a sospechar, en algunos casos, de la justicia imparcial.

Ante esto, resulta necesario que el poder constituyente permanente apruebe las reformas constitucionales para reestablecer la elección popular de los ministros para que no prevalezcan posiciones inclinadas a un poder, y con ello se disponga del sistema constitucional democrático que garantice: 1) El fortalecimiento de los pesos y contrapesos entre los poderes; 2) Evitar la preeminencia de un poder público con respecto a los otros; 3) Vigorizar la autonomía y la independencia de las decisiones de la SCJN; y, 4) Cumplir con el postulado constitucional de que el pueblo mexicano es el titular de la soberanía nacional y como tal debe contar éste, con la representación popular en el Poder Judicial de la Federación, que responda a los postulados de la justicia imparcial, pronta y expedita. Estas serían las ventajas de un nuevo régimen constitucional democrático, el cual se inscriba en la estrategia de transformación, en que se valora todo lo pasado y se propone mejorar el presente.
 

Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
José René Olivos Campos
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán electo por el Senado de la República. Doctor en Derecho, Maestro en Administración Pública, Licenciado en Ciencias Políticas y...

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