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Lo discurrido al término del Foro de Reforma del Estado y Electoral realizado en junio pasado, nos ha hecho entender que la democracia es una cuestión de diálogo imprescindible para tematizar y problematizar el sistema electoral en la agenda legislativa y que la decisión política de nuestros legisladores no se vuelva hegemónica.
Los interlocutores participantes en el Foro referido: diputadas y diputados federales, la secretaria de Gobernación, magistradas y magistrados, consejeras y consejeros electorales, federales y locales, dirigentes de partidos políticos y académicos, asumieron diversas posturas con visiones distintas, coincidentes y opuestas, para la reforma del sistema electoral mexicano.
Los consensos y disensos generados por los participantes en el Foro citado, pueden derivar en tropiezos, en la ilegitimación, si los ajustes a las leyes electorales que llegara a aprobar el Congreso de la Unión, carecieran de las expectativas desatadas, fundamentalmente del aseguramiento de las instituciones para garantizar el cabal cumplimiento de los principios de certeza y definitividad de las elecciones, de la tutela de los derechos político-electorales, de la voluntad jurídica y política de la ciudadanía y de los acuerdos entre las fuerzas políticas.
Dichos componentes esenciales han privilegiado las últimas transformaciones legislativas electorales producidas durante los años de 1996, 2007, 2012 y 2014. Con ellas, la democracia se ha caracterizado por el patrón de mejora jurídica electoral, estructurada con el orden político y constitucional.
De este modo, en el tiempo presente, tenemos, entre otros aspectos, un sistema de partidos políticos, la equidad de género, candidaturas independientes, la reelección, el sufragio universal, las autoridades electorales sustentadas en un sistema dual con órganos administrativos, federal y locales, con rasgos autónomos, para preparar, organizar, desarrollar y vigilar las elecciones, así como con un sistema de justicia electoral para resolver controversias.
Ello ha conducido a procesos electorales competitivos, plurales, al relevo y a la reelección en los cargos de los gobiernos locales y federales, como ocurrió con la tercera alternancia en la presidencia de la República en el 2018. Asimismo, dio origen a corregir sesgos para lograr la certeza electoral y la confianza ciudadana expresada con el voto y garantizada por las instituciones electorales.
No obstante, el sistema electoral vigente propicia inquietudes y suspicacias, basadas en la idea de alto costo electoral para la sociedad. De ahí, la necesidad de re-encontrar un nuevo patrón electoral, inscrito en el Foro citado, deviene no por un mal funcionamiento del sistema electoral, sino por la introducción de la política de austeridad con trasfondo económico, con el énfasis de la alternancia con las visiones de reducción de prerrogativas a los partidos políticos, extinción de órganos electorales locales y acrecentar el modelo del centralismo electoral en el INE, que son motivo de debate.
En esta interfase de reforma electoral, el desafío y el foco estratégico político ha de ser la construcción de instituciones que recuperen y reactualicen, entre las múltiples propuestas liberadas, la racionalidad económica, organizacional, funcional y normativa electoral que den solución a los problemas políticos y no desmantelen la vida democrática a fin de sostener los valores de esta democracia que vivimos y que fue reivindicada poderosamente a inicios de los años ochenta.
