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Repensando el federalismo: ¿Qué beneficios ha generado el federalismo fiscal para la sociedad?

Las transferencias de la Federación dieron origen a una situación de confort, en donde los estados estiraban la mano para solicitar dinero, sin hacer esfuerzo para ejercer las facultades recaudatorias que la ley les confiere
02/07/2019
01:24
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En mi opinión, ninguno. Tengo la romántica idea de que el federalismo fiscal genera beneficios para los ciudadanos que habitan en todos los municipios, incluso los más remotos de la Ciudad de México; sin embargo, esto no es así. Si observamos la geografía de nuestro país, encontramos municipios realmente pobres, donde la gente carece de agua potable, electricidad, calles pavimentadas, escuelas públicas con instalaciones apropiadas, y qué decir de hospitales públicos. Pero comencemos con una historia reciente. Todo se inició en la Cámara de Diputados en diciembre pasado. En el curso de la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por primera vez se cerró la llave de los fondos irregulares que creaban y nutrían el Ramo 23. Era una una práctica que se repetía cada año, pues era la moneda de cambio para negociar la aprobación del presupuesto público entre la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los medios masivos de comunicación estos fondos se conocieron como “moches”, porque se repartían sin reglas de operación y sin fundamento legal, amparados solamente en las negociaciones entre diputados, gobernadores y presidentes municipales. En un momento dado, los moches llegaron a constituir una bolsa importante, con alrededor de treinta y ocho mil millones de pesos (PEF 2016).

Con el cambio de gobierno y tras la obtención de la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados por el mismo partido que ganó la Presidencia de la República el pasado 1 de julio, ya no hubo necesidad de recurrir a estos moches para aprobar el presupuesto de egresos; en este sentido, atestiguamos el fin de las transferencias monetarias a las entidades federativas sin reglas de operación ni fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal.

Con este cambio, las entidades federativas se están viendo en la necesidad de activar sus capacidades recaudatorias. En mi opinión, es un primer paso para reactivar el malentendido federalismo fiscal mexicano. En México se ha distorsionado este concepto, generando un gran monstruo de mil cabezas para la Federación, y regresando a la centralización fiscal como si estuviéramos en presencia de un Estado unitario. Las transferencias de la Federación a los estados dieron origen a una situación de confort, en donde éstos solamente estiraban la mano para solicitar dinero de la Federación, sin hacer esfuerzo alguno por ejercer las facultades recaudatorias que la ley les confiere. El caso se ilustra perfectamente con el impuesto predial, que es competencia de los municipios. Se ha documentado con datos que la captación del impuesto predial es el mayor ejemplo de fracaso de las capacidades municipales. Y considerando que el municipio es la célula administrativa más cercana la ciudadanía, esto nos habla de que hay una crisis profunda en la concepción del federalismo fiscal, porque no está generando beneficios a la población.

Entonces, en este extremo es importante plantearse: ¿para qué sirve el federalismo fiscal a los ciudadanos? ¿En qué ha beneficiado el federalismo fiscal a la sociedad? En nada, porque cuando los contribuyentes no pagan impuestos como el predial no se activa el contrato social, y ello no permite a los ciudadanos exigir cuentas a los municipios ni a las entidades federativas. Estamos en un estado de comodidad y complicidad entre la ciudadanía y el gobierno por el malentendido federalismo fiscal.

Es momento de plantearse en serio el papel que tienen los municipios en materia impositiva, porque el federalismo en mi opinión se inicia aquí, no desde el centro, no desde el ombligo de la Federación. Y los ciudadanos, aunque no nos guste pagar impuestos, debemos cambiar el chip para poder exigir cuentas al Estado. El pago de impuestos genera mayor consciencia de nuestro derecho a exigir cuentas al Estado sobre el dinero público. Es la forma de generar capacidades tributarias. De otra manera, no creo que podamos avanzar.

Los municipios y las entidades federativas, al no recibir los recursos federales de los que dependían hasta ahora, se verán en crisis financiera y deberán acudir a dos fuentes de financiación: la deuda pública y el cobro de impuestos. Recordemos que la deuda pública es sana siempre y cuando se invierta de manera productiva, sin emplearla para cubrir el gasto corriente. Para el gasto corriente están los ingresos tributarios, no la deuda pública.

Es hora de que el municipio haga efectivas sus competencias, e incluso pensar en el modelo de unidad hacendaria que tiene la Ciudad de México, pues las alcaldías no tienen esas capacidades recaudatorias, y el impuesto predial ha sido un ejemplo de recaudación. No es la principal fuente de recaudación, pero sí el impuesto predial mejor cobrado en toda la república mexicana.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ha entendido este problema. Y desde la academia creemos que se puede generar una corrección importante en esta materia.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM