El INE y el absurdo sistema electoral mexicano

Ana Paula Ordorica

Estamos en la etapa de ‘péguele péguele… péguele al INE’. Cada año cuando el Instituto Nacional Electoral da a conocer el monto de financiamiento para los partidos políticos y para su propio funcionamiento, hay indignación, pero el INE sigue manteniendo credibilidad.

La culpa no es de quien prepara la cuenta (en este caso el INE) si no de los comensales (partidos políticos) que se sentaron a la mesa a pedir un banquete de ingredientes carísimos que implica un presupuesto que llega hoy a más de mil millones de dólares de costo para las elecciones de 2018.

Ese es el sentir de varios de los consejeros del INE a pregunta de si hay preocupación por la pérdida de credibilidad y prestigio del instituto, de cara a las próximas elecciones.

Tan tiene credibilidad el INE, que los ciudadanos siguen sacando su credencial de elector y las instituciones privadas siguen aceptando ésta como identificación oficial. La tarea principal del INE, que es organizar la elección y contar los votos, sigue funcionando de manera creíble.

La participación ciudadana, tanto en la instalación de las casillas como en la participación electoral, es excelente.

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos ante elecciones cada vez más caras con resultados cada vez menos creíbles? Platicando con funcionarios del INE hay un consenso de que existen 3 grandes problemas que generan el abusivo modelo electoral que nos tiene en un absurdo sistema electoral.

El primero es un esquema de financiamiento con partidos políticos dependientes al 100 por ciento del dinero público.

El segundo es el exceso de carga de trabajo que no tendría que hacer el INE. Dos rubros lo vuelven una botarga carísima: la fiscalización de los gastos de campaña y el monitoreo de los spots que salen al aire en televisión y radio.

Imaginemos simplemente que para fiscalizar los gastos el INE tiene a funcionarios que salen a la calle a contar cuántos espectaculares tiene cada partido, apuntan en qué lugar están expuestos y luego el INE tiene que cotejar que las campañas reporten este mismo número y ubicación de los espectaculares.

Ningún país del mundo recurre a este absurdo. Ninguno. Y esto evidentemente tiene un costo.

El tercer problema es la propia ley electoral, que incentiva a que lo que se decide en las urnas se define en los tribunales. En nuestra ley electoral (Artículo 41, 2º párrafo) hay 3 causales de nulidad de las elecciones: a) exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado; b) compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) recepción y/o utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Bajo estas tres causales estamos ante un modelo en donde nadie nunca pierde en México. Me comenta Benito Nacif que desde el año 2008 que él lleva siendo consejero, todas las elecciones para gobernador han sido impugnadas. En ninguna ha reconocido su derrota el candidato perdedor en las urnas. Todas han sido llevadas al tribunal. No importa cuán amplia haya sido la diferencia entre el primer y segundo lugar.

Nuestra clase política se rige bajo el mantra de ‘niega la derrota’. Así hemos visto a AMLO, pero también a muchos otros políticos. Desde Fox, que sólo aceptó el resultado electoral cuando ganó la Presidencia en 2000.

¿Queremos que funcione y se consolide la democracia mexicana? La respuesta no está en la alternancia, como creíamos. Está en la aceptación de la derrota. Y México se aleja cada vez más de este escenario, con un modelo absurdo y abusivo.

Así llegamos a 2018.

 

@AnaPOrdorica
www.anapaulaordorica.com

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