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Los trenes y el Estado que falta

Alejandro Hope

El 19 de mayo, en Orizaba, Veracruz, se produjo un grave accidente. Como resultado de un acto de sabotaje en contra del sistema de frenado, se deslizaron sin control 39 vagones y cuatro locomotoras, y acabaron chocando con otro tren en un patio ferroviario.

Este incidente fue sólo el más espectacular de los muchos que ocurren cotidianamente en el sistema ferroviario nacional. Tan sólo en la vía que une a la Ciudad de México con Veracruz, se han reportado siete descarrilamientos provocados por actos de sabotaje entre abril y mayo.

El robo a trenes ha adquirido una frecuencia digna del Viejo Oeste. De acuerdo a datos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), se reportaron 852 eventos de robo en trenes y vías férreas, además de 2519 incidentes de vandalismo, durante el primer trimestre de 2018.

Si bien el fenómeno alcanza a casi todo el país, es notoriamente más frecuente en el centro y occidente del país. Cuatro estados (Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz) concentran casi la mitad de los incidentes de robos de mercancía o vía férrea.

El vandalismo en contra de las vías férreas (por lo general, bloqueos de las vías con piedras o llantas) tiene una geografía similar. En ese tema, los estados más afectados son Puebla, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato.

La distribución regional apunta a un hecho que espanta: el robo y ataque a trenes no sucede en áreas remotas o zonas de geografía inaccesible. En gran porcentaje, esto tiene lugar en pleno centro del país, a no más de 400 kilómetros de la capital, en las regiones más densamente pobladas de México.

Eso es un problema mayúsculo: si el Estado mexicano no puede garantizar la seguridad de infraestructura crítica en el Bajío o en Puebla, ¿qué puede esperar el resto de la población? ¿Hay alguna esperanza de que el Estado pueda generar condiciones de seguridad en la Montaña de Guerrero o en la sierra de Chihuahua?

Esta incapacidad tiene muchas causas, pero una es simplemente numérica: no hay suficiente personal para cubrir el territorio nacional. En 2016, según datos oficiales, el país contaba con aproximadamente 430 mil policías en los tres órdenes de gobierno. Ese número, sin embargo, es una ficción.

En primer lugar, aproximadamente 15% de los policías pertenecen a corporaciones de policía bancaria, comercial o auxiliar. Es decir, tienen como encomienda proteger a las empresas y entidades privadas que los contratan, no a la sociedad en su conjunto. En segundo término, hay un número no definido de policías comisionados a otras tareas (incluyendo servir de guardaespaldas de funcionarios). Por último, hay un número indeterminado de plazas de policía que son ocupadas por personal que no tiene funciones de policía.

A todo lo anterior hay que sumarle un problema geográfico. Más de la quinta parte de los policías del país están concentrados en la Ciudad de México. Y en el resto del país, los policías tienden a estar desplegados en zonas urbanas. Hay regiones enteras donde no se para un policía nunca.

Pero, bueno, están las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, pero tampoco alcanzan para garantizar el control del territorio. En primer lugar, son relativamente pequeñas para la superficie y población del país: tienen menos elementos que sus contrapartes colombianas, por ejemplo. En segundo término, se encomiendan a los militares muchas tareas que no les corresponden, como hacer labores de policía en zonas urbanas, por ejemplo.

En resumen, no hay suficientes botas en el terreno para proteger infraestructura crítica en buena parte de la geografía nacional o para garantizar un mínimo de control del Estado en amplias regiones del país.

Así de simple y así de trágico.
 

[email protected]. @ahope71

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