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El viernes, les comentaba cómo el equipo de transición lleva dos meses posponiendo sistemáticamente la presentación de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.
Pues parece que la espera ha llegado a su fin. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció el mismo viernes que ahora sí está listo el plan y será presentado el próximo jueves.
Es posible que el anuncio acabe siendo anticlimático. No conocemos aún los detalles del documento, pero, después de tantos avisos parciales, se pueden anticipar varios elementos:
1. La nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a ser el actor principal de la política en la materia. Su estructura va a ser considerablemente mayor que las otorgadas a la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón. En términos coloquiales, esto va a ser García Luna con esteroides.
2. Las Fuerzas Armadas van a seguir involucrados en tareas de policía en el futuro previsible. No hay ningún plan concreto de repliegue gradual. Es más, resulta probable que aumente el número de soldados y marinos involucrados en funciones de seguridad pública. Esa es, al menos, la implicación de la propuesta de regionalización que han anunciado (https://bit.ly/2yNQ0RY).
3. El presupuesto dedicado a temas de seguridad y justicia no va a aumentar mayormente. En principio, la SSPC, incluyendo a sus múltiples órganos desconcentrados, va a recibir aproximadamente 58 mil millones de pesos. Dadas las tendencias centralizadoras del nuevo equipo, los fondos de aportaciones y subsidios a entidades federativas y municipios podrían disminuir en términos reales.
4. La nueva estrategia probablemente enfatice la coordinación entre dependencias federales y la concentración de las decisiones en la Presidencia misma. López Obrador ha dicho reiteradamente que él se hará cargo directamente de la política de seguridad mediante reuniones diarias. Esa centralización tiene una implicación política significativa: el costo de la inseguridad y la violencia va a recaer directamente en el Presidente de la República.
5. La política de prevención del delito se va a concentrar en programas de espectro amplio, dirigidos a la población en general o a grupos amplios, no en programas focalizados dirigidos a subgrupos específicos (por ejemplo, adolescentes en conflicto con la ley). En esa medida, la política de prevención va a ser indistinguible de la política social.
6. La política de pacificación probablemente acabe siendo mucho más modesta en sus medios y objetivos que lo planteado hace algunos meses. Es posible que haya algún tipo de amnistía, pero en beneficio de grupos relativamente pequeños de reos (lo que AMLO ha definido como “presos políticos”, por ejemplo). Es posible que se creen comisiones de la verdad, pero orientadas a casos emblemáticos (por ejemplo, Ayotzinapa). Dudo que se atrevan a impulsar mecanismos más audaces de justicia transicional que involucren otorgar beneficios jurídicos a perpetradores de delitos violentos.
7. Es posible que se inicie algún tipo de reforma a la política de drogas, específicamente en el caso del cannabis. Pero aún en ese caso, resulta probable que el nuevo gobierno actúe con cautela, dadas las resistencias que el tema suscita entre la opinión pública. Previsiblemente, tratarán de arropar la decisión con foros o consultas. Eso implica retrasos en una posible decisión legislativa. En el caso de la amapola, mi impresión es que van a patear el bote creando algún tipo de comisión.
En resumen, mi predicción es que la estrategia del gobierno va a acabar siendo lo que ya suponíamos que iba a ser: centralizadora y con más rasgo de continuidad que de cambio.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
