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Bola negra a constructoras

Alberto Barranco

Calculado en 10 mil millones de pesos el costo de la reconstrucción de edificios destruidos por la furia del terremoto del 19 de septiembre pasado, la asamblea legislativa pretende endurecer la Ley de Reconstrucción para dejar al margen a empresas tramposas

La intención no es sólo impedir la participación en el pastel de constructoras con irregularidades en el uso de materiales, sino aquellas vinculadas a procesos civiles o penales por diversos ilícitos.

Hasta hoy la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene abiertas 149 carpetas de investigación por denuncias presentadas por los damnificados en cuyo marco se documentan violaciones a las leyes vigentes en materia de construcción.

 

El abanico coloca en el banquillo a las autoridades que por complicidad o incuria permitieron la falsificación de documentos; la inexistencia de mínimas medidas de protección civil o un mayor numero de los pisos permitidos.

 

El escenario habla de luz verde a la reconstrucción de edificios que habían sido desahuciados al quedar heridos desde el temblor de 1985, en algunos casos colocándoles supuestos refuerzos con columnas de acero sin concordancia con el equilibrio, y en otros simplemente recontándole dos o tres pisos.

 

La guillotina, decíamos, alcanzaría a constructoras ajenas al escenario de desolación del segundo 19 de septiembre, pero que se han involucrado en denuncias por violaciones a las reglas.

 

En el marco estaría la empresa Caliza de México, detrás de la cual se encuentran los hermanos Jaime Eduardo y Martha Ivette Ross Castillo, a quienes se acusa desde 2010 de haber construido un edificio en Bosques de las Lomas (Framboyanes, 495), violando al uso de suelo de la zona, de carácter unifamiliar.

 

Los hermanos están inmersos en un conflicto legal por la propiedad de un predio en las Lomas de Chapultepec (Monte Athos, 174), que hasta hoy han perdido.

 

Los constructores son familiares del ex gobernador de Campeche, Ángel Castillo Lanz, presentándose Martha Ivette como prima política del que fuera hasta su muerte secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

 

El problema mayor; sin embargo, involucra a Jaime Eduardo en la presunta comisión de un fraude por alrededor de 3 millones de dólares contra el Scotiabank (carpeta de investigación P/15720-2001 de la Procuraduría General de Justicia), lo que lo llevó a la cárcel.

 

Martha Ivette es propietaria de la firma Ross Asesores y Turismo por Computadora, siendo acusada en 2003 por malversación de fondos por su primo, el abogado Luis Alberto Castillo-Lanz Carpizo.

 

En el escenario del desorden administrativo en materia inmobiliaria de la Ciudad de México, se da el caso de que el predio donde se ubica aún el edificio de Álvaro Obregón 286, cuyo colapso le costó la vida a 49 personas, será expropiado por el gobierno capitalino no por las denuncias de los sobrevivientes sobre omisiones en mantenimiento, sino por acumular millonarios adeudos en materia de agua y predial.

 

En el Ministerio Público existen cinco denuncias contra los propietarios, Ernesto Sota López y Ernesto Sota Cisneros.

 

Ecos del sismo.
 

Balance general. Hace unos días los analistas de la casa de bolsa CitiBanamex reducían su recomendación sobre las acciones de OHL México de neutral a venta, aduciendo que no había justificación para el repunte de 43% en su cotización que se había dado desde mediados de octubre.

El análisis explicaba que la oferta del fondo australiano IFM por OHL Concesiones, lo que le permitió tener participación mayoritaria en OHL México, no incluía la compra del resto de las acciones de ésta.

 

Como usted recordará, la oferta pública de adquisición planteaba un precio de 27 pesos por acción, frente a los 33.99 a que se cotizaba el 10 de noviembre pasado.

 

Los analistas estimaban un costo objetivo real de 26 pesos.

 

El caso es que finalmente la matriz española de la empresa constructora reconoció que sí existe la intención de absorber la totalidad del capital de OHL México, solo que previo planteamiento de una Oferta Publica de Adquisición de las acciones que se mantienen en circulación.

 

Siempre sí, pues.
 

Kramer contra Kramer. Colocada en la Suprema Corte una Controversia Constitucional por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuya manzana de la discordia es la distribución de horarios de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya llegó otra a la escena.

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ante la exigencia de revelar la grabación de una reunión entre algunos comisionados del primero con una firma involucrada en un litigio en materia de interconexión con Teléfonos de México. Se trata de Tele Fácil.

 

El reclamante, a quien respalda el INAI, es otro de los comisionados, del Ifetel, Joel Salas.

 

El organismo dictaminó que la negativa a la transparencia de lo tratado en la sesión carecía de sustento legal.
 

Más de Concanaco. Colocada como el ángel de la guardia frente a las acusaciones de malos manejos de recursos públicos y de la propia institución contra sus directivos, la contadora y tesorera de la Concanaco, Virginia Martínez, se ha convertido en factótum de cara a las decisiones.

 

Ella fue la única del staff que viajó en avión a Zacatecas para la reciente reunión del Consejo Directivo.

 

El escenario avivó el descontento de los trabajadores, varios de los cuales se les somete a presiones para obligarlos a renunciar.
 

Servicios digitales. Con el apoyo del fondo de capital privado Southern Cruse Group, se acaba de crear una nueva empresa de tecnología de la información, cuya razón social es Axity.

 

La firma acumuló previamente una plataforma de 4 mil profesionales en la materia para ofrecer servicios punta a punta.

 

Su cartera alcanza ya 400 clientes en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos.

 

La tarea apunta a definición de estrategias, gestión de información, desarrollo e implementación de software y solución de negocio.
 

Reconocimiento. La principal organización que evalúa el trabajo de los despachos jurídicos en América Latina, Chamber and Partners, reconoció a la mexicana Galicia Abogados, encabezada por Manuel Galicia, como el mejor de la región.

 

La firma se ha especializado en fusiones y adquisiciones en el país, logrando operaciones por 2 mil 800 millones de dólares.

 

Integrado con 23 socios, 130 abogados, el despacho llevó el proceso de salida a Bolsa de la División Transportes del Grupo México de Germán Larrea, y apoya la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
 

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