Cristóbal, Irineo y el nuevo muro

Trabaja desde hace 15 años con y por los migrantes, ha caminado con ellos las caravanas desde la frontera sur hasta el norte; los alimenta, les carga a los niños, los protege de los traficantes de personas, es autor de múltiples estudios sobre poblaciones en movilidad y colaborador de programas académicos especializados en instituciones como la Universidad Iberoamericana o la de Columbia en Nueva York. Fundó la organización Cultura Migrante y trabaja con el Servicio Jesuita a Migrantes. Se llama Cristóbal Sánchez y vive en un país donde los defensores de los derechos humanos frecuentemente son criminalizados. Por eso estuvo en una cárcel de Chiapas.

Llegaron por él a su casa en Xochimilco el miércoles 5 de junio. Policías vestidos de civil, sin orden de aprehensión, lo encañonaron y lo subieron a un vehículo. Se lo llevaron al Ministerio Público de Camarones y, por la noche, al Centro de Justicia Penal de Tapachula acusado de “introducción ilegal de personas en territorio nacional”. Más concretamente, lo acusan de haber ayudado a cruzar la frontera a una mujer de Honduras y a su familia el 29 de marzo pasado. Pero ese día Cristóbal estaba en la Ciudad de México. Hay pruebas, fotos y testigos.

Casi a la misma hora, en Sonoyta, Sonora, de manera similar, detuvieron a Irineo Mujica, de la organización Pueblo sin Fronteras (PSF), que reúne activistas de Centroamérica, México y Estados Unidos dedicados a la defensa de los migrantes. Por acoso y amenazas en su contra, como el intento de quemar su casa en abril de este año, es “beneficiario” del Mecanismo de Protección a Defensores de los Derechos Humanos. A él lo llevaron a Hermosillo y después a Tapachula.

Cristóbal e Irineo han encabezado las caravanas “Viacrucis del Migrante”, que parten del Río Suchiate hasta la frontera de México con Estados Unidos, son conocidos acompañantes de personas que huyen del miedo, el hambre y la violencia y se lanzan a buscar una mejor vida en el norte. ¿A qué negocios estorban?

Dos días después de la detención, nuestro gobierno firmaba un acuerdo con el de Estados Unidos que incluye la cláusula: “México se compromete también a desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como sus redes ilegales de financiamiento y transporte”.

El jueves 6, Cristóbal cumplió 40 años, en el penal de Tapachula. Tal vez sabe que se han escrito un centenar de cartas en su apoyo y contra su injusta detención: del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, donde trabajó; del INAH y de la ENAH, donde estudió; de colectivos y organizaciones de derechos humanos… Quizá leyó que The Guardian mencionó su caso. Seguramente se siente acompañado por aquellas mujeres centroamericanas, acusadas de “tráfico de personas”, a quienes impartió un taller de encuadernación y escritura y ayudó a liberar en 2016, que ahora le llevan comida. Acaso le contaron que la asociación civil Laboratorio de Investigación Social publicó antier sus aportaciones en el ámbito académico y el impacto positivo que su trabajo ha tenido en los derechos humanos. Entre decenas de proyectos: el Manual de Buenas Prácticas en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en tránsito migratorio por México. Mujeres, niñas, niños y población LGBTTTI (2015); Perfiles y proceso de acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes refugiados (con la OEI, 2018) o Definición de estrategia para la integración local de personas en situación de movilidad (2019).

De seguro leyó la carta de su compañera Magui Núñez Chaim: “(…) Te conozco y sé que tu corazón no está encerrado, que tu mente y tu espíritu tampoco, que las celdas y filtros de seguridad son incapaces de amarrar a tu ser que vive siempre en libertad”.

Se trasladarán a la frontera Sur 6 mil elementos de la Guardia Nacional. México, con las manos atadas en los aranceles, le da al tirano un trampolín para su reelección y le regala detenciones como estas.

adriana.neneka@gmail.com