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¿Quién debe pagar la democracia?

Eduardo Higuera Bonfil

El tema que dominará en gran medida los medios de comunicación y las redes sociales será, sin duda, el proceso electoral que se encuentra a punto de iniciar.

Y no es para menos, el gasto en tiempo, dinero y recursos de todo tipo es enorme y la insatisfacción de muchas personas ante los resultados ha sido la constante de cada elección, lo que hace cuestionar el gasto que el Estado realiza.

Este malestar se potencia cuando vemos en los medios de comunicación que los miembros del Consejo General del INE aprobaron hace pocos días , por unanimidad, el mayor presupuesto de la historia para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes de cara a las elecciones del próximo año, 6 mil 778 millones de pesos en total.

De inmediato se han levantado voces que pronuncian frases conocidas como “somos la democracia más cara del mundo” e “INE vendido”.

Ante esto a mí me surgen preguntas, que parecen poco populares entre los apasionamientos de internet y de mis compañeros analistas: ¿cuál es la opción que tenemos los ciudadanos si hacemos desaparecer el financiamiento público?, ¿con que sistema lo podemos sustituir?

No es pregunta fácil de responder.

En primer lugar debemos tener claras dos situaciones: 1.- las modernas campañas electorales cuestan mucho dinero y 2.- la impunidad y la corrupción son una constante en el México actual.

El primer punto, pese a su obviedad, es trascendental. Hoy en día se necesita mucho dinero para producir spots, hacer actos de campaña, organizar las giras de campaña, realizar sondeos y trabajo de tierra, generar la logística de transporte y tener suficientes artículos promocionales, entre muchos otros aspectos. Imagine usted, querido lector, que además de esto los partidos pagaran por los spots de radio y TV a los concesionarios, en lugar de ocupar espacios designados dentro de los tiempos oficiales como se hace ahora, el monto de dinero ascendería sin parar.

En pocas palabras, las campañas cuestan y el punto importante es: ¿quién las paga?

Eso me lleva al punto 2: impunidad y corrupción.

Actualmente el sistema de financiamiento de campañas electorales nos molesta porque lo pagamos los ciudadanos, y eso nos parece injusto, en especial por que constantemente nos damos cuenta de que se rebasan los topes de campaña, como sucedió con amigos de Fox o Pemexgate.

Por esta razón muchos piden que se pase a un sistema como el de Estados Unidos en el cual cada partido y candidato recabaría fondos por su cuenta y de forma casi ilimitada, sin que sea una carga al erario.

Hay que mencionar que, en ambos casos, amigos y pemexgate, fueron violaciones a la ley. Al final derivaron en multas de cientos de millones de pesos contra los partidos impuestas por el INE y ratificadas por el TEPJF, pero nadie ha determinado exactamente de donde vino esa montaña de dinero que usaron, que es extra a lo que el estado les otorgó para campañas.

Aquí viene la segunda reflexión que nos debemos hacer: la corrupción no es exclusivamente gubernamental, sino que también es un hecho de delincuencia organizada. El INE tiene ciertas facultades de fiscalización pero no puede llegar al meollo del asunto por falta de facultades y recursos, por lo que nunca sabremos la procedencia de eso millones que ingresaron diversas campañas. Sin embrago es una de las labores que esa institución mejor desempeña, lo creamos o no: fiscalizar las campañas.

Ahora imaginemos que quitamos los seguros y dejamos que fluya en dinero de tal modo que cualquier persona pueda darles aportaciones sin límite, en un país donde ya no es raro encontrar cajuelas o habitaciones llenas de billetes.

¿Qué haría usted si fuera Carlos Slim?, ¿o si fuera el jefe del cartel de los zetas?, ¿o una corporación internacional como Monsanto, Enron u Odebrecht?

Sin duda, retirar de tajo el financiamiento público a partidos políticos, y ahora también a los candidatos independientes, sería un gran ahorro al fisco, pero con un costo potencial mucho más alto que solamente dinero.

Si sumamos a esto que, de acuerdo con ASPLDE, de cada mil pesos malversados se recuperan solo tres a través de las acciones legales, podemos dimensionar el gran problema que sería abrir las campañas al dinero sin ninguna restricción.

Personalmente creo que en este momento el esquema debe seguir, pero debe ser sustituido por otro que sea menos oneroso y más transparente.

Al final, solo así podremos tener algo de control real sobre las elecciones que cada uno de nosotros financiamos sin regalarla a actores interesados en el control subrepticio, ¿no cree querido lector?

 
Académico, analista y consultor en comunicación política
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