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Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) , señaló que México se ha convertido en el cuarto país más peligroso en el mundo para los defensores ambientales frente a los intereses de empresas privadas.
De acuerdo con el informe anual 2018 de Global Witness , a nivel global los sectores privados que más promueven la criminalización son los sectores agroindustrial y minero, y en muchos casos funcionarios gubernamentales son omisos en proteger los derechos de las comunidades o peor aún están coludidos con las empresas, indicó Sánchez Valle.
Consideró que una de las acciones a emprender y de gran impacto en materia preventiva es la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú , que se suscribió el año pasado y que lo convierte en el primer tratado internacional vinculante que obliga a los gobiernos a brindar protección a los defensores ambientales y de los territorios.
Gustavo Sánchez expuso que así se pasaría de una dinámica de lamentar y condenar las agresiones y asesinatos de los defensores ambientales y de los territorios a una política de protección y prevención de la criminalización.
Planteó que el sector forestal requiere acciones e inversiones en diferentes ámbitos que contemplen el establecimiento de nuevas áreas forestales, el manejo y mantenimiento de las que ya existen tanto de bosque natural como de plantaciones.
Así como otras enfocadas a la conservación de la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales y el impulso a redes y cadenas de valor que generen empleos y bienestar en el sector rural.
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En un comunicado, el presidente de la agrupación aseveró que una política integral debe contemplar el impulso armónico de vertientes que en ocasiones están confrontadas por un mal diseño de políticas públicas.
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Entre ellas mecionó el manejo y aprovechamiento de los bosques nativos , la conservación de la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales, y las plantaciones forestales privilegiando las que sean multiespecíficas y utilicen especies nativas.
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A la par de un impulso al mercado legal de la madera en México como una condición indispensable para que las empresas comunitarias y privadas que quieren operar dentro del marco legal puedan sobrevivir.
Sánchez Valle recomendó además la revisión y armonización de las políticas y programas de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar.
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